Las comunidades autónomas desconfían unas de otras. Se miran de reojo para ver qué decisiones toman. Y, mientras, los trámites no avanzan. Esta actitud de recelo entre comunidades está ralentizando el complejo procedimiento de estabilización en virtud del cual 4.793 plazas de la sanidad pública asturiana pasarán a tener un propietario indefinido.
Este macroproceso de estabilización es de ámbito nacional, y debe desarrollarse de aquí al final de 2024. Pero la condición que en su día impuso el Gobierno central es que los procedimientos selectivos estén convocados antes de que termine este año. Y la cuestión no es menor, dado que exige al Servicio de Salud del Principado (Sespa) publicar casi un centenar de convocatorias distintas por categorías y especialidades, entre ellas las concernientes a 52 disciplinas médicas. En el resto de las regiones, la situación es similar.
"Tal y como van las cosas, los plazos van a estar muy ajustados", explicó a este periódico uno de los representantes sindicales que interviene en las negociaciones con el Sespa. En un principio, estaba previsto que a finales de septiembre estuvieran rematados los flecos, y así disponer de tres meses para cumplimentar la burocracia administrativa. A la hora de la verdad, el ritmo se ha ralentizado.
El aspecto más controvertido es el relativo al baremo que se emplea para valorar los méritos de los aspirantes a las plazas. De las 4.793 plazas que serán ofertadas, 330 se cubrirán mediante concurso-oposición, es decir, con un proceso selectivo que constará de un examen y un posterior cómputo de méritos. Y las 4.463 plazas restantes se proveerán sin mediar un examen, o sea, con un concurso de méritos. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han negociado una estructura común, pero predomina la desconfianza y nadie acaba de dar un paso definitivo. Los sindicatos habían reclamado al Sespa que los servicios prestados –la antigüedad o la experiencia– determinen el 90 o 95 por ciento de la puntuación, dejando para el apartado formativo –títulos académicos, cursos...– el 5 o el 10 por ciento del meritaje. La Administración no lo veía del todo mal, pero quería ajustarse también a la negociación nacional.
Y las recomendaciones nacionales hablan de dos tipos de baremos según el tipo de procedimiento selectivo. En uno de ellos se atribuiría un 60% de peso a los servicios prestados y un 40% a los méritos. En el otro, la distribución sería 70-30. Sin embargo, ninguna comunidad ha dicho hasta el momento lo que va a hacer.
Al tratarse de un programa de estabilización, las comunidades autónomas abrigan el deseo de que sus plazas sean ocupadas por personal proveniente de sus propias filas, no por candidatos de otras regiones. Por eso se buscan mecanismos que frenen los movimientos entre comunidades. Las autonomías con lengua oficial disponen de una herramienta adicional para evitar a los foráneos: otorgar una puntuación significativa al conocimiento de la lengua regional.
En cifras redondas, el Sespa tiene una plantilla orgánica de unos 16.000 trabajadores. A ellos, hay que sumarles en torno a 2.000 empleados eventuales. Y, a estos, entre 1.000 y 2.000 trabajadores incorporados para tareas relacionadas con la pandemia de covid-19. La tasa de interinidad de la plantilla orgánica en el momento actual ronda el 20 por ciento, con abultadas desigualdades entre unas categorías y otras. Se estima que, cuando a finales de 2024 haya culminado el proceso de estabilización, la interinidad ronde la franja del 8 por ciento.
