El conflicto en torno al lobo ha llegado al Parlamento Europeo y vuelve una vez más a los tribunales de justicia. Por un lado, la Eurocámara aprobó ayer una resolución en la que pide a la Comisión Europea (CE) que desarrolle "sin demora" un procedimiento para evaluar el estado de protección de las poblaciones de grandes carnívoros en regiones donde hay conflictos con las prácticas ganaderas. La decisión abre la puerta a cambiar el estatus del lobo y el oso, rebajando el nivel de protección, allí donde se alcance "el estado de conservación deseado" de esas especies. El objetivo es garantizar "la coexistencia de los grandes carnívoros y las prácticas ganaderas sostenibles".
Los ecologistas piden al juez la suspensión cautelar de la extracción de un lobo en los Picos
El Parlamento Europeo pide a la CE que informe sobre el impacto de la presencia de grandes carnívoros sobre "la viabilidad de la ganadería, la biodiversidad, las comunidades rurales y el turismo rural, incluido el relevo generacional en la agricultura, en el contexto de los factores socioeconómicos que afectan a la viabilidad de la ganadería". También reclama que los estados miembros evalúen el impacto que los ataques de grandes carnívoros tienen en el bienestar de los animales domésticos, "así como en el bienestar, los ingresos y el aumento de la carga de trabajo y de los costes materiales de los ganaderos, considerando asimismo si se aplicaron o no medidas preventivas y su eficacia".
Por otro lado, la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico (Ascel) ha recurrido la resolución del Gobierno del Principado que da pie a eliminar un lobo en el parque nacional de los Picos de Europa, con el añadido de que ha solicitado también la adopción de medidas cautelares, para impedir la extracción, al menos, hasta que se resuelva el contencioso.
Ascel sostiene en el recurso que el lobo es una especie "estrictamente protegida" en toda España, y que su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) supone la prohibición "de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos". Subraya que la muerte de ejemplares de lobo conlleva "daños y perjuicios no evaluables, ni compensables, ni restituibles económicamente al buen funcionamiento del medio ambiente, a la vida silvestre, y al principio de no regresión ambiental". Añade que la resolución contraviene la directiva Hábitats de la Unión Europea y vulnera los objetivos y la finalidad de la declaración del parque nacional de los Picos de Europa, entre los que figura "conservar la integridad de sus valores naturales"
Los ecologistas argumentan que el Principado aplica "indebidamente" el régimen de excepciones a la prohibición de matar lobos, pues persigue "anticipar un posible daño futuro que no está concretado". Tampoco se ha demostrado, como exige la legislación vigente, "que no exista otra solución satisfactoria".
