Un retraso burocrático obliga a cerrar el Servicio de Atención a Drogodependencias

El convenio con el Servicio Integral de Atención a las Drogodependencias (SIAD), con oficinas en los Juzgados de Oviedo y Gijón, y a punto de abrir nuevas dependencias en los de Avilés, finalizaba el 31 de octubre, pero la falta de previsión y los retrasos burocráticos han hecho que aún no se haya firmado la prórroga del mismo, de forma que este miércoles ha tenido que cerrar sus puertas, para indignación de los abogados penalistas y los numerosos usuarios del mismo, que acuden a diario para hacer pruebas de drogas.

El SIAT es una organización no gubernamental que lleva actuando 18 años en Asturias. Realiza, de forma gratuita, periciales de drogodependencias, acredita la toxicomanía de los detenidos y acusados, y el seguimiento con controles de drogas de aquellos condenados cuya sentencia ha sido suspendida con la condición de no volver a consumir estupefacientes, sin olvidar la atención de los arrestados en calabozos y a los familiares. Ahora estos informes tendrán que ser realizados por laboratorios privados o por los médicos forenses, que, como se sabe, están muy saturados. Es una estampa habitual en los Juzgados la presencia de usuarios que acuden a realizar un análisis para acreditar que no han consumido drogas o alcohol.

En Asturias, el SIAD tiene una plantilla de seis psicólogos y técnicos de laboratorio, y estaba a punto de contratar a otras dos personas para el servicio que se iba a abrir en Avilés. "No cobramos a las personas, sino que trabajamos a petición de los Juzgados. Dependemos, por tanto, de la Consejería de Justicia, aunque el servicio lo paga la Consejería de Salud", explicó una trabajadora del servicio.

Proceso complejo

Después de cinco años –dos años iniciales que se prorrogaron automáticamente durante otros tres años–, el convenio finalizó en octubre. "Presentamos los documentos y ya sabíamos que íbamos a ser los adjudicatarios, pero el nuevo convenio no ha sido firmado ni se ha publicado. Pensando que era una cuestión coyuntural que iba a solucionarse rápidamente, el mes de noviembre nos lo pagó el SIAD de Madrid, pero este mes de diciembre nos mandan a casa, porque no nos pueden seguir abonando el sueldo, aunque al menos nos seguirán desembolsando la Seguridad Social", añadió. Y es que, sin convenio firmado, el SIAD no podría recuperar de la administración del Principado los sueldos pagados a cuenta de la organización.

Todo se debe al "proceso burocrático complejo que supone un nuevo convenio", aunque hay quien apunta a la falta de presupuesto. La noticia ha sido devastadora no solo para los seis trabajadores del servicio, sino también para los abogados penalistas. José Manuel Fernández González indicó que "supone un gran trastorno para las personas que tienen que realizar las pruebas, que tendrán que hacerlas ahora de forma privada, y todos sabemos que los informes de parte tienen menos peso que los elaborados por los servicios oficiales".

Otro abogado penalista, Luis Tuero, calificó el cierre del SIAD de "lamentable, es una falta de previsión que no puede aceptarse". Para este abogado, se trata de un servicio "con prestigio e imparcialidad a la hora de presentar sus informes periciales". Tuero añadió: "No sé cómo puede haberse cometido ese error. Habría que pedir responsabilidades".

No hay previsión alguna de cuándo va a firmarse el nuevo convenio, aunque previsiblemente haya que esperar al próximo año, una vez que se hayan aprobado los nuevos Presupuestos del Principado.

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