Retrasos de hasta cuatro años para valorar la discapacidad en Asturias: 14.200 casos pendientes

La espera para someterse a una valoración de la discapacidad en Asturias llega a rebasar los cuatro años. En algunos centros, como el de Oviedo, están atendiendo estos días a las personas que habían recibido citaciones a finales de 2018. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar prevé implantar este mismo mes una medida correctora: coordinar sus centros de referencia de Oviedo y Gijón con los servicios de Prevención de Riesgos Laborales de los dos principales hospitales de la región: el HUCA (Oviedo) y Cabueñes (Gijón). "La incorporación de estos equipos del Sespa permitirá agilizar la tramitación de más de 3.000 expedientes", explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA Melania Álvarez, titular de Derechos Sociales.

La certificación del grado de discapacidad es un requisito exigido por la propia Administración para acceder a ayudas, recibir subsidios o concurrir a una oposición. Actualmente, el Principado tiene en fase de tramitación un total de 14.174 expedientes.

Las demoras para valorar el grado de discapacidad no son nuevas, pero sí van en aumento. Hace ahora un año, este periódico informaba de que el plazo entre la solicitud del trámite y la propia valoración superaba en algunos casos los tres años. En aquel momento, la Consejería de Derechos Sociales acumulaba 11.206 personas en espera sumando los centros de Gijón, Oviedo y Avilés.

A día de hoy, tanto la cifra de expedientes como los plazos para resolverlos han aumentado. Al menos, en algunos de estos equipamientos. La ovetense María Rodríguez Fernández está pendiente de la evaluación de su discapacidad desde el 4 de enero de 2019. La semana pasada, el personal del Centro de Valoración de Personas con discapacidades de Oviedo le comunicó que están llamando "a los que esperan desde finales de 2018".

Esto significa que, si las cosas no cambian de manera sustancial de aquí a mediados de este año, puede suceder que concluya la actual legislatura autonómica (2019-2023) con personas que llevan pendientes de ser valoradas desde la legislatura anterior.

"Sin duda, es el mayor de los problemas que tenemos sobre la mesa. Pero existe el compromiso firme de revertir esta tendencia en las listas de espera, que llega en algunos casos a superar los dos años. Hemos hecho una encomienda al Sespa que es la respuesta a ese compromiso", manifestó ayer Melania Álvarez.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar dispone en Asturias de tres centros de valoración, emplazados en Gijón, Oviedo y Avilés. La Consejera señala que, si bien las dificultades y retrasos en la valoración son un problema secular, conviene tener en cuenta "la complejidad en la aplicación del baremo que se regula por real decreto estatal". El panorama se complicó con la llegada de la pandemia de covid-19. La Administración regional puntualiza que las demoras en el equipamiento de Oviedo son superiores a las que se registran en Gijón y Avilés.

Mejoría en Avilés

El Ejecutivo asturiano hace hincapié en que no está pasivo. Por una parte, indica el Principado, "se garantiza la atención a las personas que se encuentran en las situaciones que recoge la instrucción de aplicación": menores, personas con enfermedades graves, revisiones de oficio, pensiones no contributivas y documentación específica para menores, empleo o tarjetas de aparcamiento.

En segundo término, aduce Derechos Sociales, se han creado equipos de apoyo, una medida que "ha permitido que desde febrero de 2022 en Avilés se haya conseguido reducir en catorce meses la lista de espera".

De otro lado, a finales del pasado mes de diciembre, el Consejo de Gobierno del Principado aprobó la encomienda de gestión al Servicio de Salud del Principado (Sespa). En aplicación de la misma, en este mismo mes de enero la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar procederá "a la coordinación de los equipos de valoración de Cabueñes y el HUCA con los de los centros de valoración de Gijón y Oviedo". En los dos hospitales, los departamentos implicados son los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Según fuentes de Derechos Sociales, la citada coordinación "permitirá agilizar la tramitación de más de 3.000 expedientes". Este plan de acción incluirá "la formación necesaria para la aplicación del nuevo baremo", que entrará en vigor en abril, y para el uso de la nueva aplicación informática de valoración, "Baredi", formación que imparte el Imserso.

Suscríbete para seguir leyendo