El Principado explota contra Transportes por el "Fevemocho" y habla de un "desaguisado, fronterizo con el ridículo e inexplicable a ojos de la ciudadanía"

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, desplegó ayer un cañón de largo alcance en la polémica por el «esperpento» y la «absoluta vergüenza» que supone el escándalo de los trenes encargados por el gobierno central para Feve y que estaban mal calculados. El disparo, medido, fue la «Declaración de Cabranes», un pronunciamiento institucional del Gobierno reunido en este concejo de la Comarca de la Sidra y la forma más sólida de fijar la posición del Ejecutivo asturiano. La declaración tenía claramente una destinataria, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

El Principado pide al Ministerio que tome decisiones para «resarcir a Asturias» de los «incumplimientos y retrasos inasumibles» en la mejora de las comunicaciones ferroviarias: es decir al escándalo de los trenes de Feve se suma el retraso en la apertura de la Variante. Y de paso, reclama «una planificación pública y rigurosa de inversiones» ante lo que califica un «fortísimo deterioro de la credibilidad» del Ministerio, «que perjudica la de la propia institución». La embestida contra la gestión de Raquel Sánchez señala además las medidas que, a juicio del gobierno asturiano, deberían tomarse. Primero, que se asuman responsabilidades «que alcancen los niveles jerárquicos que corresponden a semejante absurdo» y que «se proceda a las destituciones» necesarias. En resumen: que rueden cabezas. Segundo, que se acelere la construcción de los trenes y se acorten los plazos al máximo. Además, que se amplíe el contrato para «la total renovación de la flota de trenes de ancho métrico de Asturias». Resumen: los trenes, cuanto antes, y no solo los encargados, sino todos los necesarios para el servicio. Y por último, el compromiso de ejecución de las inversiones ferroviarias prometidas para Asturias, que sumarían 997 millones.

El Gobierno aprovecha la escandalera para reclamar medidas que mejoren la red de cercanías, cambiando tarifas y horarios, e incluso la incorporación de Renfe en el Consorcio de Transportes. Y, por último, reclama una fecha «exacta» para abrir los túneles de Pajares, después de que la Ministra afirmase hace días que estaría en servicio «en el entorno de julio o agosto».

Tras la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó esta declaración, Barbón abundó en declaraciones a los medios a la hora de expresar su indignación con el asunto de los trenes. Consideró insuficientes los ceses anunciados por el Ministerio «de cargos intermedios que no sabemos quiénes son», y recalcó la total sintonía con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Ambos acudirán «mano a mano» a la reunión del próximo 20 de febrero con Raquel Sánchez.

El error del PP

Pero además Barbón evidenció la división que este asunto ha generado en el Ministerio de Transportes. El Presidente se refirió a las peticiones de destitución que el Partido Popular ha lanzado sobre la secretaria general de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y las calificó de «error» porque la que fuera presidenta del Adif «ha demostrado que es una buena aliada de los intereses de Asturias». La explícita referencia a Pardo de Vera dejaba expuesta, por omisión, a la Ministra. Porque aunque Barbón dijo que no creía que Raquel Sánchez tuviese que «estar con el centímetro midiendo los túneles» , y recordase que no era ministra cuando se licitó el contrato de los trenes, sí señaló que «debería aclarar si conocía el asunto». Pero la andanada contra el Ministerio y las referencias a «incumplimientos», «retrasos inasumibles» o «deterioro de credibilidad» resuenan como mensajes dirigidos a la responsable última de la cartera de Transportes.

Ni en una junta vecinal

La propia declaración institucional rubricada por el Gobierno de Asturias señala además otra clave del claro «enfado» del Ejecutivo asturiano con el Ministerio de Transportes. Tras recalcar que el Gobierno asturiano «siempre ha practicado el diálogo y la lealtad institucional», señala que Asturias y Cantabria mantendrán una «unidad de acción» ante el Ministerio y que todo ello «demuestra que el Gobierno del Principado antepone los intereses de la comunidad autónoma a cualquier otra consideración, sea cual sea el signo político de la Administración competente. Asturias, lo primero».

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por su parte, volvió a referirse ayer al escándalo. Aseguró que «es incomprensible» que el problema ocurrido en torno a las medidas de los trenes pase «en un país de la UE» o «incluso en una junta vecinal».

Y lamentó que «lo más grave» es que el Gobierno central sabía del error de cálculo desde hacía «dos años» y no había informado a las comunidades afectadas, que conocieron el problema al aproximarse la fecha en la que deberían comenzar a recibir los trenes comprometidos.

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La declaración institucional del Principado

Reunido el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en sesión ordinaria en Cabranes el día 10 de febrero de 2023, insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a tomar cuanto antes las decisiones adecuadas para resarcir a Asturias de los incumplimientos y retrasos inasumibles en la mejora de las comunicaciones ferroviarias. También exige al ministerio que asuma con urgencia una planificación pública y rigurosa de inversiones que palie el fortísimo deterioro de su credibilidad, que perjudica la de la propia institución.

A este respecto, el Gobierno de Asturias juzga necesarias las siguientes medidas:

Primera. La asunción de responsabilidades por la cadena de errores (…). Al Ejecutivo autonómico no le compete precisar en qué departamentos ni cargos recaen, pero sí exigir que alcancen los niveles jerárquicos que corresponden a semejante absurdo, para que se depuren dichas responsabilidades y se proceda a las destituciones correspondientes.

Segunda. El desaguisado, fronterizo con el ridículo e inexplicable a ojos de la ciudadanía, conllevará el retraso en la entrega de las unidades previstas. Unas unidades que urgen para renovar la actual flota (…). En este sentido, el Gobierno de Asturias plantea: Que la tramitación administrativa y los plazos de ejecución del contrato correspondiente se acorten al máximo posible. Que el contrato (…) se amplíe (…) para la total renovación de la flota de trenes de ancho métrico de Asturias.

Tercera. La construcción y puesta en funcionamiento de los nuevos trenes forma parte de un objetivo más amplio, como es la mejora del servicio de cercanías ferroviarias. Para ello debe ejecutarse en todos sus extremos el plan negociado con el ministerio y que, según su propia titular, conlleva una inversión de 997 millones en Asturias. En este sentido, el Gobierno del Principado vigilará para que no se produzcan nuevas demoras (…).

Cuarta. Cualquier contratación pública está sometida a plazos tasados. No obstante, hay otras decisiones sujetas a la voluntad política que también pueden revertir en la mejora del funcionamiento del servicio de cercanías, como la integración tarifaria, la reforma de la malla horaria o la participación de Renfe en el Consorcio de Transportes de Asturias (…).

Quinta. El Gobierno del Principado también entiende que es apremiante despejar las dudas sobre la fecha exacta de la puesta en marcha de la variante de Pajares a lo largo de los próximos meses. Esta comunicación ha de realizarse de manera oficial y con todas las garantías técnicas y de seguridad ya expuestas por el MITMA en su última visita a Asturias (…).

Sexta. La variante de Pajares es, además, la clave de bóveda en Asturias del desarrollo del Corredor Atlántico, una infraestructura vertebral para el Noroeste y para propiciar la cohesión social y territorial de todo el país (…).

Séptima. El Gobierno de Asturias siempre ha practicado el diálogo y la lealtad institucional (…). La unidad de acción plena con el Gobierno de Cantabria (…) demuestra que el Gobierno del Principado antepone los intereses de la comunidad autónoma a cualquier otra consideración, sea cual sea el signo político de la Administración competente. Asturias, lo primero.

Octava. El Consejo de Gobierno delega en el presidente para que, de forma conjunta con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, aborde todas estas cuestiones en defensa de los intereses de Asturias (…).

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