El Principado prevé que una "comisión" interna coordine la política demográfica

La ley asturiana de reto demográfico, que está escrita como borrador de anteproyecto pero ha sido aplazada sine die en cuanto a su tramitación en la Junta, viene con una propuesta para levantar una estructura institucional de apoyo al Gobierno en la tarea de restañar la aguda crisis de natalidad, envejecimiento y desequilibrio territorial que arrastra la población del Principado. La norma, que ha cerrado esta semana su periodo de información pública y recopilación de aportaciones, empieza previendo la creación de una "comisión gubernamental" pensada como un órgano "de asesoramiento, apoyo y coordinación" de la Administración autonómica en el que estarían representadas todas las consejerías.

De acuerdo con los planes del Ejecutivo, cada departamento designaría a un director general para ejercer como "vocal" en esta comisión cuya presidencia ostentaría el consejero que tenga adscritas las competencias del reto demográfico. La enumeración muy sintética de sus funciones incluiría el análisis "de la evolución de la demografía regional", el impulso y coordinación de las actuaciones del Principado en esta materia o la formulación de "recomendaciones relativas a acciones, proyectos y medidas orientadas a la mejora de la situación demográfica". Precisa la memoria económica del proyecto, después de despachar el asunto de los costes derivados de la ley asegurando que se recogerán en los presupuestos autonómicos de cada año, que no se prevé "un incremento de la plantilla de empleados públicos, sino un reajuste y una reorientación de tareas administrativas que será realizado por el personal ya existente".

Pero el entramado institucional de nueva creación previsto en la norma no se detiene ahí. Esta nueva estructura, que se instauraría dentro del Principado y con representación exclusivamente de altos cargos del Gobierno, compartiría espacio y funciones con su correlato en el exterior del organigrama gubernamental. Hacia afuera, y con representación "al menos de organizaciones empresariales, sindicales, del movimiento asociativo y la Universidad de Oviedo", se añadirían un observatorio y consejo social para el reto demográfico. Tendría que ser, según la letra del borrador, "un foro de participación y encuentro respecto a las políticas públicas" relacionadas con esta materia, que también deberán "impulsar" y "orientar".

El cuerpo de la norma, 81 artículos, se extiende en una extensa y muy heterogénea declaración de buenas intenciones que busca asiento en algunas de las 219 conclusiones a las que llegó la comisión parlamentaria creada en la Junta para abordar el reto demográfico. Así impone por ejemplo que todos "los proyectos de ley, decretos y planes estratégicos sectoriales que sean tramitados por la Administración del Principado deberán ir acompañados por un informe de impacto demográfico" cuyo procedimiento de elaboración se deja para posteriores desarrollos reglamentarios. Se consagra en la ley, por lo demás, la posibilidad ya anunciada de que se establezcan "beneficios fiscales específicamente dirigidos a contribuyentes que residan en concejos con especiales dificultades" y se añade a estas facilidades impositivas con criterio geográfico la opción de arbitrar ventajas también para "determinados grupos sociales o colectivos".

Algo similar dice el borrador de las convocatorias de ayudas y subvenciones públicas, que "podrán incorporar criterios de incentivación positiva y medidas de apoyo específico vinculadas al reto demográfico", o de los procesos selectivos de empleo público, que incluirán "como objetivo estratégico facilitar la residencia y prestación de servicios en los concejos con especiales dificultades demográficas".

Declaración responsable

Este acumulado de buenas intenciones genéricas pone por ejemplo sobre el papel la obligación del Principado de "velar" por que "las entidades financieras atiendan al acceso de la población a servicios bancarios" y enumera con ese mismo enfoque general y mucha ambición lo que ha de hacerse para asegurar servicios en el medio rural: por citar sólo algunas medidas, enfatizar las acciones de formación profesional ligadas al ámbito agrario, prestar "especial atención" a la escuela rural, "priorizar hacia las mujeres los requisitos de ayudas y subvenciones" en estas áreas…

En el capítulo de la dinamización económica, se prevé la autorización de la puesta en marcha de una actividad "tras la presentación de una declaración responsable" de cumplimiento de los requisitos y se habilita a la Administración para declarar "estratégicas" determinadas acciones de formación profesional "vinculadas a proyectos empresariales y orientadas al fomento y consolidación del empleo de calidad", con especial atención al de las zonas rurales. Esto permitiría al Principado "conceder de forma directa las subvenciones necesarias para su ejecución".

Casas amigas, bebetecas

Al hablar del retorno de emigrantes, lo escrito sólo promete "una estrategia integral de apoyo y seguimiento a los asturianos en el exterior que retornen o tengan proyecto de retornar a la comunidad autónoma". En el territorio de la conciliación, entre otras medidas se impulsará "la creación de ‘casas amigas’ como lugares para el cuidado de menores en ámbitos rurales conde no exista infraestructura pública o ésta sea insuficiente" o de "bebetecas", "espacios públicos destinados al cuidado de menores durante cortos espacios de tiempo".

Adopta el proyecto, por lo demás, la zonificación por parroquias que ya ha elaborado Sadei para aplicar en cada una de las tres tipologías establecidas –zonas periurbanas, "intermedias" o "naturalizadas"– políticas específicas adaptadas a sus potencialidades y necesidades. Los 78 concejos también se distribuirán en cuatro categorías en función de sus indicadores demográficos: los habría "dinámicos", "inestables", "en crisis" y "en riesgo de despoblamiento" y los de las tres últimas opciones tendrían la consideración de espacios "con especiales dificultades demográficas".

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