Bruselas analiza de manera conjunta si fue ilegal prorrogar el peaje del Huerna y el de la autovía AP-9 gallega

La decisión sobre si la prórroga del peaje del Huerna hasta 2050 fue o no legal debe esperar. La Comisión Europea (CE) asegura que ha avanzado en el análisis de la denuncia interpuesta en 2021 por el anterior secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, pero ha decidido aplazar cualquier decisión al considerar que el caso guarda "una estrecha relación" con el procedimiento de infracción incoado contra España por la prórroga de la concesión de la autopista del Atlántico (AP-9), en Galicia, idéntica a la del Huerna. Por este motivo juzga necesario ofrecer una resolución conjunta. "Aún no se ha tomado una decisión común o, al menos, coherente en cuanto a ambos expedientes", señala la CE. La resolución llegará "en los próximos meses", añade.

La denuncia de Podemos por la presunta ilegalidad de la prórroga durante 29 años de la concesión del peaje de la autopista del Huerna, aprobada por el Gobierno de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos en 2000, fue admitida a trámite por la CE en octubre de 2021. Ripa confiaba entonces en que la resolución definitiva llegara en el plazo de un año, y aconsejaba a los usuarios de la AP-66 que guardaran los tiques a partir del 17 de octubre de 2021, fecha en la que estaba previsto inicialmente que finalizara la concesión de la autopista, para reclamar la devolución del dinero.

Podemos defiende que la prórroga del peaje asturleonés fue ilegal, porque se adjudicó "a dedo a una empresa pública que luego (en 2003) se privatizó", saltándose "los principios de transparencia", eludiendo "el equilibrio económico y financiero" y yendo en contra del "interés general". La del Huerna es la concesión más larga y más cara de las existentes en la red estatal y "penaliza el futuro de Asturias y los asturianos", según Ripa. El Ministerio de Transportes, por el contrario, ha defendido en todo momento que la prórroga fue "ajustada a la legislación española".

Bruselas abrió un expediente de infracción a España en septiembre de 2021 por haber prorrogado la concesión de la AP-9 sin haber convocado una licitación pública para ello. Tanto la AP-9 como la autopista del Huerna fueron prorrogadas en 2000 por el Gobierno del PP y en ninguno de los dos casos hubo licitación pública: las concesionarias siguieron siendo las mismas. En el caso de la AP-9, la ampliación fue hasta 2048, dos años menos que en el del Huerna. "Según el Derecho de la UE (Unión Europea), la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación", esgrimió la CE al expedientar a España tras la denuncia de un colectivo de usuarios gallegos.

El Gobierno del PP justificó la prórroga del peaje del Huerna señalando que permitiría que fuera gratuito el tramo Onzonilla-Benavente, en la ruta de Asturias hacia Madrid. Pero la verdadera razón por la que se amplió el peaje del Huerna fue desvelada por LA NUEVA ESPAÑA el 23 de abril de 2019, tras tener acceso a diversa documentación interna del Ministerio de Fomento (ahora de Transportes).

Las prórrogas de los peajes asturleonés y gallego sirvieron para financiar parte de la construcción del tramo Fene-Ferrol, en la AP-9, para la supresión del pago entre Rande y Puxeiros, cerca de Vigo, también en la Autopista del Atlántico, y para sanear las cuentas de la entonces pública Empresa Nacional de Autopistas (ENA), ahogada por las deudas, lo que permitió privatizarla solo tres años más tarde, en 2003.

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