El asesinato del rector Leopoldo Alas

Leopoldo García-Alas García-Argüelles o simplemente Leopoldo Alas Argüelles nació en Oviedo el 12 de setiembre de 1883. Hijo del escritor y catedrático Leopoldo Alas "Clarín", se licenció en Derecho en 1904 y en 1920 obtuvo la cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Oviedo. Decano de su Facultad de Derecho, accedió al cargo de rector a propuesta del claustro en 1931. Participó activamente en la propaganda en favor de la República antes de su implantación, y una vez instaurada fue elegido diputado en la candidatura de la Conjunción republicano-socialista para las Cortes Constituyentes. Desempeñó el cargo de subsecretario de Justicia con el luarqués Álvaro de Albornoz como ministro de Justicia. Tras el bienio reformador de 1931-1933, volvió a la vida académica y no volvió a presentarse a las elecciones.

Su gran tarea fue la reconstrucción de la Universidad de Oviedo y su biblioteca, destruidas tras la revolución de octubre de 1934. Prácticamente rehecho el edificio, se habían reunido ya 50.000 volúmenes para su biblioteca merced a múltiples donaciones y compras.

No debió de intentar salir de Oviedo tras la sublevación del coronel Aranda el 19 de julio y la posterior declaración del estado de guerra en la mañana del 20 de julio. Inmediatamente habían comenzado en la capital asturiana las detenciones de personas afiliadas, simpatizantes o supuestamente proclives a las organizaciones del Frente Popular. El rector Alas fue detenido en su domicilio de la calle Altamirano, n.º 8, el 29 de julio, e ingresó en la Cárcel Modelo de Oviedo al día siguiente, 30, por orden del Juzgado Militar Eventual. En esos días las detenciones fueron numerosas y "nadie sabía de qué se acusaba a los detenidos, ni siquiera si se les volvería a ver".

Los sublevados justificaban esa política en la supuesta presencia dentro de Oviedo de un enemigo interior, simpatizante de la República, dispuesto a levantarse en cualquier momento. El coronel Aranda, en un "Informe" que redactó sobre la defensa de Oviedo, afirmaba que "la actitud de una gran mayoría de la población era dudosa"; y en una entrevista concedida a su biógrafo Luis de Armiñán, que "de la población civil, la mitad eran rojos o simpatizantes y tres o cuatro mil estaban dispuestos a sublevarse en cuanto se presentara la ocasión".

Las detenciones respondían a una política programada. La represión fue un acto político premeditado, y no la respuesta ocasional a una situación especialmente difícil. La "Instrucción Reservada n.° 1", redactada por el general Mola, director de la conspiración, fijaba ya esas líneas de actuación. Oviedo no podía ser menos, y el periódico "Región" señalaba el 17 de agosto: "Parece mentira, pero es cierto: aún hay algunos que se sienten neutrales. ¿Neutrales cuando se está jugando la existencia de la Patria misma? Esa neutralidad, o es comunismo disfrazado, o cobardía. Ahora todos somos beligerantes".

Durante los tres meses que duró el cerco de Oviedo, hasta la entrada de las columnas gallegas, no se celebraron Consejos de Guerra ni hubo fusilamientos en cumplimiento de alguna condena a muerte. Según explicación del general Aranda a Sabino Álvarez-Gendín, que éste anotó en su "Diario" el 10 de noviembre de 1936, no había habido "sanciones porque se desconocían las figuras de delitos que establecería el nuevo régimen. Una vez conocidas, desde luego se sancionarían con arreglo al vigente o conocido procedimiento de Justicia Militar con la garantía de que para confirmar los fallos, que no comprenden la pena de muerte, tenía él, Aranda, jurisdicción y para la pena de muerte el general de la División".

No obstante, hay constancia de que se produjeron varios asesinatos, siendo señalado el campo de San Francisco como el lugar de ejecución de algunos crímenes en los primeros meses del cerco. No obstante, parece que los llamados "paseos" no fueron muy numerosos antes de la ruptura del cerco, temerosos quizás los sitiados ante el incierto futuro que les esperaba. Todo cambió cuando las llamadas columnas gallegas rompieron el cerco a que estaba sometida Oviedo el 17 de octubre de 1936. Se inició a partir de entonces una represión oficial siguiendo un decreto que la Junta de Defensa Nacional establecida en Burgos dictó el 4 de septiembre de 1936, por el que se instituían los procedimientos sumarísimos.

Auténtico "terror blanco", los tribunales militares comenzaron su actuación depuradora y represiva al amparo del Código de Justicia Militar. Los consejos de guerra eran una farsa de juicios sin garantías procesales. Presidía los consejos de guerra un jefe del Ejército, es decir, coronel, teniente coronel o comandante, y con él actuaban tres vocales con categoría de oficiales (capitán, teniente o alférez); un asesor jurídico, con voz y voto, de los cuerpos jurídicos del Ejército o de la Marina, y en su defecto un funcionario de la carrera judicial o fiscal. Los fiscales serían miembros de los citados cuerpos o carreras jurídicas o licenciados en Derecho, y en último extremo jefes u oficiales del Ejército o la Armada, designados por el general en jefe. El defensor tenía que ser obligatoriamente un militar. De la instrucción de la causa se encargaba un juez-instructor, y se iniciaba con una denuncia o atestado que se tenía que ratificar ante el citado juez. Una vez redactado el auto-resumen por el instructor, las actuaciones pasaban al Consejo que fijaba el día y la hora para la celebración de la vista.

Ya en el mes de noviembre se celebraron los primeros consejos de guerra. Sabino Alvarez-Gendín anota en su "Diario" el 7 de noviembre de 1936: "Se fusilaron ocho condenados a muerte por los tribunales militares, en San Pedro de los Arcos". La prensa informaba de algunos y del posterior cumplimiento de la sentencia como muestra de ejemplaridad. En el período que va desde el 11 de noviembre hasta el 19 de febrero de 1937 se vieron 132 casos en Consejo de Guerra, según datos tomados de la prensa. Las sentencias fueron: 98 penas de muerte, 3 cadenas perpetuas, 4 penas de 20 años, 2 de 18 años, 1 de 15 años, 2 de 12 años, 1 de 8 años, 1 de 6 años, 1 de 2 años, 2 en las que sólo se indicaba prisión, sin más detalle, y 17 absoluciones. Hasta el 20 de febrero, se habían cumplido, por lo menos, 46 sentencias de muerte. Hay que tener en cuenta que todos los procesados en Oviedo, al no haber podido salir de la ciudad, no habían tenido oportunidad de participar en la guerra. Los fusilamientos se llevaban a cabo en el mismo patio de la prisión provincial, o en el cementerio de San Pedro de los Arcos.

Junto a la represión hecha bajo el amparo de los consejos de guerra, había otra que se ejercía aun con mayor arbitrariedad. Desde que entraron las columnas gallegas, que en su avance hacia Oviedo ya habían realizado numerosas ejecuciones sumarias, sin mediar juicio alguno, comenzaron los trágicos y fatídicos paseos. El catedrático de Derecho Administrativo y luego rector de la Universidad de Oviedo, Sabino Álvarez Gendín, anotó en su "Diario" el 9 de noviembre de 1936: "Recibo acabado de comer en casa, a donde bajé, como solía permitirme el capitán, la visita de Guillermo Estrada, el secretario de la Universidad, un poco alarmado temiendo le apliquen la ley de fugas a nuestro rector, Leopoldo Alas, por haber llegado a nosotros rumores de haberse efectuado con algunos detenidos. ¡Qué grave injusticia sería no utilizar los trámites procesales! Sin duda es obra de ex rojos que quieren desacreditar nuestro glorioso movimiento patriótico". No deja de ser curiosa la atribución a "rojos" emboscados de la autoría de estas acciones, y la aprobación acrítica del procedimiento de los tribunales militares. Cita Gendín, al respecto, el caso del director del Orfanato Minero Ernesto Winter y su hijo, asesinados por ese procedimiento y seguramente obra de "esos elementos de psicología rojizante".

Tras esto, Álvarez-Gendín se entrevistó en Grado con el general Aranda, quien dio "garantías de seguridad personal y procesales en el sumario del Rector", e hizo "protestas de atenerse a la legalidad del nuevo régimen".

El consejo de guerra seguido contra Leopoldo Alas Argüelles tuvo un gran eco no solo en Oviedo, sino en el exterior. Se celebró en el salón de actos de la Diputación Provincial el 21 de enero de 1937. El tribunal estuvo presidido por el coronel Carlos Arias de la Torre, y actuaron de vocales los capitanes Luis Fernández Corugedo, Gerardo Albornoz García, Enrique Rengifo Flórez y Juan Naranjo Martínez. Vocal ponente fue el alférez del cuerpo jurídico militar Alfonso Fidalgo Pereira. La apertura de su causa, por el supuesto delito de "rebelión militar", se había producido el 13 de noviembre de 1936, instruida por el teniente León Aliaga Esparza.

Se le acusaba de haber participado en las Cortes Constituyentes y de aparecer en una fotografía publicada en "La Voz de Asturias" al lado de varios extremistas, además de haber desempeñado el cargo de subsecretario de Justicia. El Informe de la Comandancia Militar le señalaba como de "tendencia francamente extremista, perteneciendo al partido de Azaña, afecto a la organización de la enseñanza libre, y enemigo acérrimo de la enseñanza religiosa". También salió a colación una supuesta oposición a la reconstrucción de la capilla de la Universidad.

Se le acusó de "incitación a la rebelión" y el fiscal solicitó "pena de muerte". Entre los testigos que declararon tanto en el juicio como en la instrucción de la causa se encontraron el catedrático Sabino Álvarez-Gendín y el magistral de la catedral Benjamín Ortiz, que aportaron ambos datos favorables a la conducta del procesado como catedrático y como rector de la Universidad. El magistral, que le visitó en la cárcel, dijo de él que era un santo laico.

"Avance", el 2 de febrero de 1937, se preguntaba: "¿Por qué se le elige a él, pues, como caso de ejemplaridad? La respuesta desciende a la íntima condición del movimiento fascista. Se le elige por su categoría de intelectual, por su crédito de profesor, por odio a la inteligencia, que es la enemiga natural del totalitarismo cuya implantación persiguen los sublevados".

El alegato del fiscal, el alférez José María García Rodríguez, fue bien explícito al respecto: "En la represión, indudablemente rigurosa, de tanto crimen, se ha de empezar por todos aquellos que por su cultura y por su capacidad, más que suficiente para apreciar la significación de los idearios de la izquierda, envenenaron día a día la conciencia española y pusieron, sin duda alguna, las armas en la mano de muchos de los que hoy combaten contra nosotros, siendo tan responsables como ellos, y por su formación espiritual, más que ellos, de tanta nobilísima sangre española pródigamente derramada".

Hubo movimientos en favor del indulto de Leopoldo Alas desde fuera de Asturias, así como telegramas enviados desde las universidades americanas de Columbia y Nueva York y de otras varias instituciones culturales. Incluso, desde el propio bando nacional, algunos catedráticos de Oviedo se movieron para solicitar o interesarse sobre un posible indulto, primero ante el general Aranda y, posteriormente, ante el mismo general Franco.

El "Diario" de Sabino Álvarez-Gendín, depositado en el archivo del Ayuntamiento de Oviedo, es revelador del ambiente creado y del miedo que había a solicitar un indulto: "Día 29 (de enero). Aparte alguna visita que hicimos a algún amigo del Generalísimo para tratar del indulto de Alas, decidimos los catedráticos ver a Aranda para que aconsejara el indulto si a él correspondiera informar, y acudimos al Gobierno Civil a recabar del comandante Caballero el pase para Grado, donde reside el general; mas Caballero creyó inútil toda gestión. Le parecía que era asunto personal de Aranda. Manifestó que sólo fuera uno y el Sr. Galcerán apuntó mi nombre", escribió Gendín. "Mala faena, alguno dijo que me había hecho. Los demás compañeros estimamos que él como rector accidental era el llamado a ir a Salamanca. Dimes y diretes sobre quién va en toda la noche. Ni conmigo accedió a solicitar la gracia".

Finalmente, el 30, el rector accidental Isaac Galcerán aceptó acompañar a Sabino Álvarez-Gendín. El 31 de enero ambos salieron para Salamanca. El teniente coronel del cuerpo jurídico militar, Martínez Fusé, asesor de Franco en asuntos de justicia, les recibió a las nueve de la noche del 1 de febrero. Manifestó el citado coronel "que el Generalísimo no suele recibir para estos efectos, y que él al despachar mañana le transmitirá nuestro deseo, que él muestra preocupación por el sumario, que remitirá el Tribunal de Valladolid. No insistimos. Conversamos con ellos durante un rato y nos despedimos ya dadas las 10 de la noche".

Por parte republicana, según el periodista Juan Antonio Cabezas, se montó "en los parapetos del cerco de Oviedo una instalación de altavoces, que desde las trincheras empezaron a repetir día y noche: ‘¡Fascistas! ¡Si fusiláis a Leopoldo Alas, quemaremos Oviedo!’".

De nada valieron todas las gestiones, protestas o amenazas. El 20 de febrero de 1937, a las seis de la tarde, tras haber sido confirmada su sentencia por el general jefe de la 8.ª División, Antonio Aranda Mata, Leopoldo Alas era fusilado. Tenía 53 años. Junto a él fueron asesinados también Manuel Martínez Fernández (jornalero, de 37 años), Alfredo Villeta Rey (marmolista, de 51 años), Braulio Álvarez Tiñana (barrendero, de 33 años) y Francisco Vázquez Fernández (peón, de 23 años), todos residentes en Oviedo. Desde la calle Independencia, donde se encontraban en aquel momento, sus familiares oyeron la descarga del pelotón de fusilamiento y los tiros de gracia posteriores. Descansen en paz.

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