La reivindicación de los consejos sociales de las universidades por la que apelan a las autonomías

La reforma universitaria (la LOSU) fracasó y ahora son las comunidades autónomas las que deben mover ficha. Eso es lo que dice la Conferencia de Consejos Sociales en un informe de 45 páginas al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA y en el que piden "fortalecer la posición institucional de los consejos sociales" para que "no se siga degradando la representación de la sociedad en la universidad". "La LOSU –denuncian en el documento– renunció a aproximar la gobernanza de nuestro sistema a los modelos de éxito europeos y mundiales, de forma que España seguirá siendo el país del mundo, entre todos los comparables, donde menor compromiso y participación tiene la sociedad en la institución que presta el servicio público de la educación superior y que se financia mayoritariamente con los impuestos de todos los españoles".

En palabras del presidente de la Conferencia, el lucense Antonio Abril Abadín, muy vinculado a Asturias (estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, tiene casa en la capital y está casado con una ovetense), hoy en día los consejos sociales "no son en la práctica órganos de gobierno universitario, sino meros órganos de control económico y presupuestario". Y, a veces, "sin capacidades reales para el ejercicio de sus competencias teóricas". En definitiva, como afirmó recientemente Abril en un encuentro en la Cámara de Comercio de Oviedo, "somos órganos meramente ratificantes", algo que viene "denunciando con vehemencia la OCDE en su ‘Hoja de Ruta para la mejora de la transferencia de conocimiento y colaboración entre ciencia y empresa en España’". A ello hay que añadir "los limitadísimos medios y recursos, tanto humanos y materiales, que tenemos y la falta de un estatuto que valorice y asegure la dedicación, aportación y relevancia de presidentes y vocales", añade el texto.

La batalla no está del todo perdida. Las comunidades autónomas pueden suplir las carencias de la ley estatal con desarrollos normativos propios, como subraya la Conferencia de Consejos Sociales. La LOSU dice en su preámbulo que la ley establece "un mínimo común denominador, habilitando un amplio margen al desarrollo de sus disposiciones mediante la labor normativa de las comunidades autónomas y las concreciones de los estatutos y normas de organización y funcionamiento de las propias universidades". Con lo que el organismo que preside Antonio Abril, que encabeza el Consejo Social de la Universidad de La Coruña, pide aprovechar "esta puerta abierta" para "transitar hacia nuevas formas de gobierno".

El problema es que hay que intervenir ya. "Si era grave haber llegado hasta aquí con una gobernanza universitaria inadecuada, todavía lo es más que en pleno siglo XXI hayamos aprobado una nueva ley orgánica que la mantiene e incluso disminuye todavía más la participación de la sociedad en ella", denuncia Antonio Abril, que pone dos ejemplos. Por un lado, se reduce el informe que hacen los consejos sociales sobre la creación de titulaciones a solo perceptivo –ya no vinculante–. Y, por otro, se suprime la competencia que tenían de aprobar las normas de progreso y permanencia. "En el lado positivo, solo está la atribución de la competencia del compliance universitario: velar por la ética, la integridad académica y las medidas antifraude", añade.

Precisamente Asturias ha comenzado a trabajar en una nueva ley, que sustituya a la actual, de 1997, para adaptarla a los nuevos tiempos. Además, el Consejo Social asturiano cambiará por completo este mes, con la renovación de sus miembros después de cuatro años con el empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón en la presidencia. LA NUEVA ESPAÑA analiza en esta tercera entrega sobre las necesidades de la universidad asturiana las peticiones que hace la Conferencia de Consejo Sociales para construir un verdadero órgano de participación de la sociedad en la vida académica. Sus reclamaciones son las siguientes.

Evitar nombramientos con vinculación política

En particular, la Conferencia de Consejo Sociales insiste en que las leyes autonómicas establezcan "una estructura mínima de personal, funcionario, laboral y/o eventual, que permita cumplir las funciones de los consejos sociales". Y garantizar que los miembros no universitarios de estos órganos, incluido el presidente, sean designados entre verdaderos representantes de intereses sociales, económicos o culturales, evitando nombramientos con vinculación política". También insisten en la necesidad de que el órgano de control interno de la universidad dependa de los consejos sociales, tal y como ocurre en Asturias y Canarias, "superando así la lamentable situación actual de falta de transparencia y rendición de cuentas de la universidad pública española". En este sentido, dice Antonio Abril, Asturias es un "referente".

Fijar la obligación de asistir a los plenos

La Conferencia sugiere que las normas autonómicas contemplen un estatuto de los presidentes y demás miembros, que actúe como "un verdadero catálogo de derechos y deberes, entre los que se incluyan necesariamente los de asistir a las sesiones del pleno y de las comisiones, así como a los actos institucionales". En este sentido, pide realizar "ajustes" en la ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones públicas para evitar "normas que en el pasado han obligado a prescindir de excelentes representantes de la sociedad civil".

Intervenir en los planes estratégicos

La atribución expresa por la LOSU al Consejo de Gobierno de la aprobación del Plan Estratégico de la Universidad deja sin efecto las previsiones que encomiendan esa competencia al Consejo Social en algunas leyes autonómicas, como las de Navarra, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Por eso, la Conferencia que lidera Antonio Abril pide que las leyes autonómicas garanticen la intervención del Consejo Social en los procesos de elaboración de estos planes.

Impulsar la formación a lo largo de la vida

Esa debe ser una misión de los consejos sociales, cree la Conferencia nacional de estos organismos, ya que aparte de constituir un espacio de crecimiento y una herramienta de competitividad al margen de la formación reglada, es también "una fuente de recursos económicos para las universidades". Para potenciar esta vía y detectar las necesidades formativas en este ámbito, proponen crear un comité asesor formado por el vicerrectorado competente y por miembros del consejo social. En este sentido, el Ministerio ha concedido recientemente a Asturias cerca de un millón de euros para impulsar nuevos microtítulos (también llamadas microcredenciales) y recualificar a la población adulta.

Crear consejos asesores en facultades

Lo anterior se podría aplicar a la oferta académica tradicional (grados, másteres y programas de doctorado) mediante la creación de consejos asesores de Facultad y Escuela. Serían "órganos de carácter consultivo formados por personalidades del mundo profesional relacionadas con las enseñanzas de cada centro, que de manera gratuita y periódica aportasen su experiencia para orientar la actividad formativa y transmitir a los centros las tendencias del mundo empresarial, institucional, social y profesional". Esta, apuntan, "podría ser otra posible función de conexión universidad–entorno que las leyes autonómicas atribuyesen a los consejos sociales".

Colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad

Es una de las principales misiones de los consejos sociales, sin embargo, existen varias dificultades que se pueden resumir en cuatro, según la Conferencia. La primera, que el nombramiento de empresarios como vocales del consejo no garantiza donativos a la universidad. La segunda, que el Consejo Social tiene una limitada capacidad de influencia sobre el producto ofrecido por la universidad. La tercera, que, para atraer recursos, es necesaria una generación de confianza hacia la gestión universitaria. Y la cuarta, que el Consejo Social debe contar con los medios adecuados para cumplir con la misión de atracción de financiación encomendada.

Una relación que va más allá de la económica

La Conferencia puntualiza que la colaboración de la universidad con la sociedad que deben promover estos órganos no puede limitarse a la mejora de la financiación, "omitiendo el gran reto que las instituciones académicas tienen en los momentos actuales de construcción de la sociedad del conocimiento". "Los consejos sociales deben participar de forma activa en la tercera misión de las universidades, es decir, asegurar que la universidad contribuye al desarrollo social y económico de su entorno". Para ello, hacen varias propuestas, que se desarrollan en los puntos siguientes.

Implantación de la educación 4.0

"Las universidades españolas deberán decidir –avisa la Conferencia– si quieren seguir como hasta ahora y simplemente adaptar sus modelos de negocio, o arriesgarse más, ser disruptivas y cambiar radicalmente tales modelos, ya que las universidades ya han perdido el monopolio del conocimiento y están empezando a perder el de la certificación", destaca el documento. Avanzar en esta línea exige que el legislador autonómico en cada región "tome cartas en el asunto y exija que las universidades públicas desarrollen e implementen su propia estrategia de transformación digital", argumentan.

Más internacionalización

La universidad española tiene una de las tasas más bajas de Europa, a pesar de contar con el segundo idioma más hablado del mundo occidental. Los consejos sociales, cree la Conferencia, deben asumir "un papel proactivo" en el impulso de esa internacionalización y para ello las comunidades autónomas tendrían que atribuirles la competencia para impulsar la elaboración y aprobar estrategias en esta materia.

Incentivar la transferencia de resultados

Hay que pasar, según los responsables de los consejos sociales, de "incentivar exclusivamente la publicación científica a incentivar también los méritos de transferencia de resultados de la investigación al sector productivo, garantizando que los investigadores tengan una retribución adecuada".

Formación que sale de la tradicional

Hoy en día, en Europa "no pocos consejos sociales impulsan programas de formación en competencias profesionales y fomento del emprendimiento". Algo que se podría hacer en España y que además viene acompañado de un beneficio económico. "Habitualmente, estos proyectos se materializan en patrocinios o actividades de lifelong learning organizadas por los consejos sociales con medios propios y/o en cooperación con otras entidades", apuntan.

Anticiparse a las demandas sociales usando la inteligencia artificial (IA)

"Las acreditaciones (de titulaciones) tardan más tiempo del deseado y los cambios en la sociedad no esperan", advierte la Conferencia. "No podemos esperar –agrega– a realizar estudios con datos pasados para saber la demanda de titulaciones de una sociedad cambiante y exigente. La inteligencia artificial (IA) y el big data pueden guiarnos y facilitarnos información para adelantarnos, conocer esa demanda y así preparar una universidad de calidad". A este respecto, los consejos sociales deberían, desde su posición estratégica, "tener la capacidad de incluir criterios en los sistemas internos de garantía de calidad de las universidades y proponer acciones de mejora, habilitados por las normas autonómicas de desarrollo". En este sentido, consideran "bueno" que todas las regiones tuviesen agencias de calidad para controlar sus sistemas universitarios.

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