Solo cinco inspectores: el equipo que tiene el Principado para detectar las viviendas turísticas ilegales

El Principado solo cuenta en estos momentos con cinco inspectores y un jefe de servicio para controlar que los establecimientos turísticos de Asturias cumplan la normativa autonómica. Con el turismo al alza en Asturias y la región batiendo récords de visitantes, el Gobierno regional tiene un equipo reducido de personas para regular las numerosas tareas en materia de inspección. Entre ellas se incluyen las referentes a la detección de las viviendas turísticas ilegales, que van a más y están suponiendo un severo problema en la región.

El Principado, de hecho, tiene en marcha una reforma de la actual ley del turismo que servirá, según sostiene el Ejecutivo, para intentar atajar esta problemática, en la que también tienen que ver los ayuntamientos. Las materias de turismo en el Gobierno regional dependen de la consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, que dirige Gimena Llamedo, que delega a su vez en Lara Martínez, viceconsejera de Turismo.

Según explica la Consejería, próximamente "se va a crear un nuevo servicio de inspección, que se dotará con la creación de más plazas de inspectores". El Principado todavía está definiendo el número concreto de plazas que aumentarán para estos funcionarios, que según apuntan desde varias fuentes del sector turístico se ven desbordados por el gran volumen de trabajo que tienen que abarcar.

Paralelamente, la Consejería explica que "se está trabajando en una herramienta de detección de viviendas ilegales para agilizar más ese trabajo de control e inspección". Los inspectores turísticos del Principado tienen atribuidas ocho funciones, según la ley actual del turismo: vigilancia y comprobación de la normativa, investigación de reclamaciones y denuncias, constatación de la existencia de infraestructuras y la dotación de los servicios exigidos por la legislación turística, asesoramiento a las empresas turísticas sobre el cumplimiento de la normativa, emisión de los informes previos sobre el cumplimiento de los requisitos, control de la ejecutación de las acciones subvencionadas, clausura o cierre de establecimientos y cualquier otra función que se les atribuya de acuerdo a su reglamento.

Estos inspectores, además, tienen la consideración de "agentes de la autoridad", lo que les permite, por ejemplo, poder acceder las "instalaciones, establecimientos y empresas turísticas y a aquellos otros locales abiertos al público en los que existan pruebas o indicios de que se desarrolle actividad turística, pudiendo requerir cuanta documentación sea precisa para el adecuado cumplimiento de su función".

Sin embargo, detectar la oferta de servicios turísticos clandestinos es su objetivo principal, según estableció el Principado para el año 2023. En estos momentos, se estima que en Asturias podría haber más de 2.000 pisos turísticos ilegales, que no constan en los registros oficiales del Principado, aunque se ofertan en los portales turísticos, y suponen un quebradero de cabeza para la administración regional. Los propietarios de las viviendas de uso turístico piden más controles de un tiempo a esta parte para atajar a los propietarios entran al mercado de forma ilegal. La oferta turística en Asturias está yendo a más cada año. En 2022, según los datos del Sadei (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales), había casi 18.000 establecimientos turísticos, entre los que se incluyen hoteles, restaurantes, campings, viviendas turísticas y todo tipo de locales. En estos momentos, en la región figuran 3.910 viviendas de uso turístico a lo largo de toda Asturias.

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