Lío con el alcalde de Degaña: IU y la secretaria municipal denuncian su "gestión irregular"

Las dudas se ciernen sobre la gestión del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, con una causa abierta en diligencias previas por prevaricación en el Juzgado de Cangas del Narcea a raíz de una denuncia presentada ante la Guardia Civil. La secretaria e interventora municipal, máxima autoridad en la Administración local para velar por la legalidad, ha formulado además una denuncia ante la Fiscalía y trasladará a la Sindicatura de Cuentas sus reparos a ciertas decisiones económicas.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que la denuncia ha sido archivada al haber una investigación judicial en marcha, si bien otras fuentes de la judicatura aseguraron que las diligencias previas abiertas en Cangas del Narcea se encuentran "en una fase muy indiciaria" y que no ha sido llamado a declarar el Alcalde. El Pleno de Degaña está formado por siete ediles: cuatro del PSOE, dos de Izquierda Unida (IU) y uno de Foro.

IU ha denunciado un rosario de presuntas irregularidades en la gestión, muchas de ellas expresadas en informes e incluso a viva voz por la secretaria interventora en las sesiones plenarias. A casi nueve meses de la constitución de los plenos, el Alcalde aún no ha registrado la declaración de bienes, trámite obligado. Pero, además, los dos concejales de IU preparan una denuncia ante la Fiscalía.

Entre las presuntas irregularidades está el aumento desmesurado de ciertas partidas. Por ejemplo, la previsión presupuestaria para productos de limpieza era en 2023 de 7.200 euros, pero el gasto se disparó hasta 26.000 euros, lo que, a juicio de la coalición, implica "exceder la cuantía de un contrato menor, lo que supondría un fraccionamiento irregular". Sobre ello advirtió en un reparo la secretaria municipal, aunque fue esquivado con el voto favorable del PSOE (con mayoría plenaria), pese a las advertencias verbales y por escrito de la funcionaria habilitada nacional.

IU denuncia también el aumento "considerable" de las reparaciones eléctricas, que superaron el límite de 15.000 euros establecidos para los contratos menores. También este aumento obtuvo reparos de secretaría, levantados con el voto de los ediles socialistas, y constaban en la denuncia que remitió a la Fiscalía. Además, la coalición señala otras cuestiones, como el hecho de que el regidor, según los concejales Sofía Barrero y Ángel Álvarez, tuviera en su coche particular el dispositivo de telepeaje que con anterioridad se encontraba en un vehículo municipal. "Se facturaban al Ayuntamiento viajes particulares, algunos de ellos en vacaciones; devolvió el dispositivo una vez descubierto el tema y tras habérselo reclamado la interventora, pero en el Pleno alegó que no sabía cómo funcionaba", explican.

Otra de las denuncias de IU tiene que ver con el edificio de la Casa de Cultura, del que no consta certificación de fin de obra ni cédula de habitabilidad, aunque se paga por él un seguro de responsabilidad civil de unos 1.500 euros. Tampoco a la secretaria municipal le constan los certificados, según refirió la funcionaria en un Pleno. La coalición vincula además cambios en la correduría de seguros para, presuntamente, favorecer a personas del entorno del regidor. Y, además, los ediles afirman que se ha perdido la pista de dos vehículos municipales cuyo destino no aclara el regidor: "Solo nos dice que no sabe qué les pasó, porque es el alcalde y no es mecánico", afirman los ediles.

Carrera de obstáculos

La labor de oposición se ha convertido en una carrera de obstáculos en Degaña. "La falta de transparencia es total, y las trabas para ejercer nuestra labor de control son desproporcionadas", denuncia Sofía Barrero, que entiende que es "obligación" de los ediles de IU "poner estas cosas en conocimiento de la Fiscalía". La Sindicatura de Cuentas analizará contratos y convenios de 2023 del Consistorio. Este análisis se enmarca en el procedimiento general y ordinario requerido a las administraciones asturianas. El informe de la Sindicatura podrá abordar los reparos presentados por la secretaria e interventora, cuyas reticencias ante ciertas operaciones la llevaron a denunciar ante la Fiscalía.

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