El PP alerta de las deficiencias graves que detecta la Sindicatura en los contratos del Principado: "Es un desastre"

Haciendo palanca en el último informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, el PP extrae “el varapalo” que se lleva el sistema de contratación del Principado y lo cataloga como “un auténtico desastre” en el que el 88 por ciento de los contratos no menores analizados por el organismo fiscalizador en 2022 y todos los menores presentan alguna incidencia, entre ellas varias graves que se identifican como potencial causa de nulidad de los contratos. Escarbando en el documento, los diputados Pilar Fernández Pardo y José Agustín Cuervas-Mons se extienden en el detalle de los defectos detectados por la Sindicatura hasta llegar a la conclusión de que “la Administración debe hacérselo mirar y seguir las recomendaciones del organismo, de las que “año a año pasa olímpicamente”.

Desembocarán, como ejemplo palmario y compilación de deficiencias, hasta la obra de la ampliación del hospital de Cabueñes, pero antes desmenuzan un inventario genérico de carencias identificadas, señala Cuervas-Mons, “en todas las fases de la contratación”, en las de preparación, adjudicación y ejecución y ejecución del contrato. Hablan de “muchos expedientes incompletos en cuanto a las justificaciones de la contratación”, de pliegos con carencias en las cláusulas y con “algunas contrarias a derecho, como en uno de la Fundación Fasad”, o “con carácter general, de la necesidad tanto de la fiscalización previa de esos contratos como del informe de los servicios jurídicos, que muchos no tienen”. Se señalan concursos, entre ellos el de una obra en el puerto de Luanco, en los que “el único criterio de adjudicación es el precio, lo cual no es conforme a la ley”, y en la fase de adjudicación se reprueba en varias ocasiones la coincidencia irregular de las mismas personas en la confección de los pliegos y la mesa de adjudicación… Las recomendaciones del informe advierten además sobre la conveniencia de “seleccionar los procedimientos de contratación que mejor contribuyan a la promoción de la máxima concurrencia en cada supuesto” y, sobre todo, la urgencia de que todas las entidades contratadoras dentro del sector público dispongan de “una unidad encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad en todo el proceso de contratación”.

Eso es en general. En el caso concreto, el “ejemplo de lo que no se puede hacer en la Administración” está, a juicio de los diputados del PP, en la obra de ampliación y reforma de Cabueñes, “plagada de irregularidades” en la voz de Fernández Pardo. La polémica revisión al alza “del 90,96 por ciento” que el Principado acometió tras quedar desierta la primera licitación despachó la justificación con “cuestiones tan genéricas como importantes y súbitos incrementos de precios o alteraciones en las transacciones internacionales como consecuencia de la crisis sanitaria”. Con ayuda de la Sindicatura, la diputada observa además que en los pliegos de cláusulas administrativas los criterios de adjudicación “más objetivos, fiables” y medibles representan sólo el 28 por ciento del total, mientras que “los juicios denominados de valor”, más subjetivos y “no recomendables”, acaparan el 71 por ciento de la valoración. La obra fue adjudicada pues sobre la base de “criterios absolutamente arbitrarios”, concluye la parlamentaria, “y valorados desfavorablemente por los servicios jurídicos”, lo que pone el contrato en riesgo de nulidad.

El organismo fiscalizador, sigue Fernández Pardo, “no ha podido alcanzar evidencia de que la Administración tenga implantado un sistema de control eficaz que permita comprobar si la obra se ejecuta conforme a los criterios” exigidos y ha detectado otras incidencias, como “la insuficiencia de medios adscritos a la obra por el contratista”, “demoras en la ejecución que se acumulan desde el comienzo”, “incumplimiento del plan de obra ofertado”, que sufrió en 2023 una modificación tras la que se volvió a constatar el incumplimientos de plazos… Casi el cuarenta por ciento de la obra, por lo demás, ha sido subcontratada “sin que se constate ningún control sobre esos procesos”, apunta Cuervas-Mons, y “en definitiva”, apostilla Fernández Pardo, se identifica “un sinfín de incumplimientos que no ha tenido hasta ahora sanción penalizadora alguna”.

Las denuncias de los diputados populares anticipan de este modo la comparecencia que tienen fijada para el lunes en la Junta el síndico mayor, Roberto Fernández Llera, y las consejeras de Salud, Conchita Saavedra, y Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, para dar cuenta de las conclusiones a que ha llegado el informe de fiscalización sobre la contratación del sector público asturiano en 2022.

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