Juan Cofiño llama a "corregir" los sistemas forales y evitar su extensión a Cataluña

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, advirtió ayer del riesgo de que se instale "una deriva hacia un sistema de financiación (autonómica) a la carta, negociado de forma bilateral con algunas comunidades". "No debería prosperar", afirmó en una intervención que abrió la ponencia de dos expertos en la materia, Violeta Ruiz Almendral (profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid), y Carlos Monasterio Escudero (catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo).

Cofiño se refirió explícitamente a la propuesta lanzada por Cataluña para gestionar los tributos propios e instaurar un régimen financiero fuera del común. El presidente de la Cámara señaló que ya existen dos excepciones, los sistemas forales del País Vasco y Navarra, "algo sobre lo que se debería trabajar para ir corrigiéndolo de forma gradual", e indicó que "debemos evitar la extensión del modelo a otros ámbitos, y me refiero a Cataluña, por cuanto privaría al Estado de los recursos para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la garantía de cohesión social y territorial".

El vigente modelo de financiación autonómica lleva quince años sin reformarse y su modificación ha estado en las agendas gubernativas desde hace una década. Cofiño reconoció deficiencias en el modelo, entre ellas las que condiciona la cláusula de garantía del statu quo, que hace "muy discutible el reparto de transferencias verticales". Pero también señaló el riesgo que supone que las comunidades tomen decisiones sobre sus impuestos de manera unilateral porque podría implicar "un grave sufrimiento en términos de equidad y solidaridad, pues las autonomías de mayor renta podrán contar con mejores prestaciones a igual esfuerzo fiscal, o al contrario, idénticas con tipos de gravamen más bajos".

Las escaladas de competencia fiscal entre territorios, ejemplificada por Cofiño en el caso de los impuestos de Sucesiones y Donaciones, pueden ser "dañosas por ser contrarias a la lealtad institucional que proclama la Constitución". Y reclamó "redefinir la capacidad normativa de las comunidades" en los tributos cedidos para preservar la corresponsabilidad fiscal y "establecer claramente el nivel de gasto necesario para atender los servicios transferidos teniendo en cuenta variables como la geografía, la demografía y revisando la población ajustada". La intervención de Cofiño sirvió para abrir boca para el análisis de Violeta Ruiz Almendral y Carlos Monasterio. El acto se enmarcaba en el denominado "Espacio Fundamentos", que nace de un convenio entre la Universidad de Oviedo y la Junta General. Leonardo Álvarez, coordinador de este convenio, precisamente ahora renovado, quiso agradecer también la labor en la pasada legislatura del anterior presidente del parlamento, Marcelino Marcos.

"Sin compartimentos estancos". Ruiz Almendral recorrió el camino hasta la actual financiación, nacida de una Constitución que "no cierra un modelo" y que establece "principios y coordenadas". La profesora destacó que la España del 78 era muy diferente a la actual y que la entrada en la Unión Europea también impactó normativamente. "No caben en el sistema compartimentos estancos", indicó Ruiz Almendral, que insistió en que "todas las piezas tienen que coordinarse y comunicarse entre sí".

Las claves para reformar el sistema. Carlos Monasterio recalcó los tres elementos que permiten la reforma del sistema, que afrontó cinco renovaciones en 23 años pero lleva ahora 15 atascado. "Es necesario un acuerdo básico entre los dos grandes partidos, una inyección adicional de fondos y debe regirse por principios de autonomía y solidaridad", indicó el catedrático. Con todo, Monasterio no cree que el modelo actual sea fallido. "Está caducado en términos temporales, pero tampoco es el peor de los posibles".

La quiebra que persigue el gobierno catalán. Gráficamente señaló Monasterio que no cabe "definir la equidad cada uno para sí mismo, porque es como si yo quisiera hacer un impuesto de la renta específico para mí", dijo. "La solidaridad aparece en la Constitución mencionada en distintos preceptos e indisolublemente unida al modelo territorial", señaló Ruiz.

La perversión del Fondo de Liquidez. Carlos Monasterio refirió cómo el intento de anclar el equilibrio presupuestario como un precepto constitucional terminó por convertir una fórmula de ayuda transitoria, el Fondo de Liquidez Autonómica, en puerta de atrás para lograr financiación. Planteado como un "mecanismo extraordinario" para ayudar a las comunidades a alcanzar el equilibrio, "pasó de excepcional a permanente" torpedeando lo que se perseguía con los objetivos de equilibrar ingresos y gastos. "Es un desincentivo a un correcto uso de la autonomía tributaria", afirmó el catedrático, quien señaló directamente a Cataluña: "Ha enarbolado la bandera del déficit, es la comunidad más endeudada con el FLA y tiene toda su deuda con la administración central". También sobre la perversión del Fondo de Liquidez habló Violeta Ruiz Almendral, al señalar que la suspensión de las reglas fiscales durante la pandemia fue una "mala noticia", porque era un principio "que nunca nos hemos creído demasiado en España". "El peligro es que por la vía del sistema fiscal los territorios hagan deducciones que, si se aplicasen las reglas fiscales, no se podrían permitir", indicó.

El riesgo de fragmentar la Agencia Tributaria. Tampoco ambos expertos se mostraron favorables a un sistema de recaudación propio como plantea Cataluña. Monasterio detalló pros y contras. Entre los beneficios, que en un modelo de federalismo fiscal, como el que existe en Estados Unidos, sería factible, porque hay estados con su propios impuestos de renta. También favorece el argumento de que un territorio puede perseguir unos objetivos de inspección más dirigidos a sus intereses que el Estado. Pero advirtió de que en ocasiones "los costes de gestión superan el rendimiento" y que desde el punto de vista del contribuyente: "Yo al menos me siento más cómodo con una declaración". Similar fue la opinión de Violeta Ruiz Almendral, quien apuntó que la propuesta del gobierno catalán probablemente implicase modificar el Estatuto y la legislación estatal, y señaló que el encaje constitucional sería complicado. Además, defendió la labor de la Agencia Tributaria, "puntera respecto a la situación de otros países". "Este sistema que tenemos, con autoliquidaciones, software gratuito y devolución inmediata casi no existe, ni en Alemania; la Agencia Tributaria es una de las mejores instituciones que tenemos y fraccionarla sería un error", dijo.

Fin de la cláusula del statu quo. Esta cláusula establece que en toda reforma del sistema ninguna comunidad puede acabar con menos dinero del que recibía. Pero los expertos creen que ese axioma debería replantearse, además de proponer que se evalúe la eficiencia del gasto público. "Cataluña ha estado siempre en la media de financiación pero muy por encima del gasto; Cantabria tiene una financiación por habitante ajustado muy elevada y una deuda muy elevada. Caso aparte son Valencia y Murcia , que arrastran problemas de financiación que podría resolverse condonando deuda", indicó Monasterio.

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