El Principado admite que las dificultades para identificar a los propietarios complican la llegada de las ayudas por los incendios

En el primer cumpleaños de la más reciente oleada de incendios en el occidente, el Gobierno del Principado asume la "complejidad" de la identificación de los propietarios del monte quemado como principal escollo para la valoración y el pago de las ayudas a los damnificados, cuya resolución ha comprometido como muy tarde para junio. Interpelado en la sesión de control al Gobierno en la Junta por el diputado del PP Luis Venta, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, localizó el problema en un estorbo de muy largo recorrido en el monte asturiano, la "justificación de la titularidad" de los terrenos calcinados. Manteniendo el plazo, aquel "primer semestre" que el paso del tiempo ha convertido "en un trimestre, así que ya queda menos", el titular de Medio Rural admitió que consideraría "un fracaso disponer de tres millones de euros de un crédito ampliable y que los recursos no llegaran al mayor número de personas posible por las dificultades al justificar o identificar la propiedad".

Venía la respuesta del Consejero a tratar de atajar la rotunda crítica del parlamentario interpelante, que puso ante los ojos de Marcos todas las promesas de inmediatez en la respuesta que hace ahora un año formuló con toda contundencia el presidente del Principado. "Anunciaron un plan de choque y urgencia y ahora hablan de un semestre", se lanzó Venta. "Anunciaron la paralización y revisión del Plan Forestal y prometieron que la modificación de la Ley de Montes sería la primera iniciativa legislativa" del mandato, siguió. No hay noticias, vino a concluir, mientras la fiscal delegada de medio ambiente afirma que "los montes siguen siendo una selva..."

"En los próximos días", anunció de vuelta Marcos Líndez, Medio Rural emitirá "la resolución de inicio de la evaluación ambiental estratégica" del nuevo plan forestal y presentará el borrador del documento ante el servicio correspondiente. Respecto a la nueva ley, que urgía hace un año y de la que Venta denunció su ausencia en el plan normativo remitido por el Gobierno a la Junta, "hemos trabajado estos meses en la redacción de una modificación que permita contar con instrumentos más eficaces en materia de prevención de incendios, sobre todo en nuestros núcleos rurales". Tienen para esa tarea "perfectamente identificadas", añadió, las "prioridades", que "deben afectar a la gestión, prevención y extinción de incendios adaptadas a la nueva realidad y magnitud de estos fuegos de nueva generación y a la trasposición de normativa estatal".

Hizo además el Consejero el relato de lo hecho, de las "líneas de ayudas convocadas" para el sector forestal y de los "convenios pioneros" suscritos con los ayuntamientos, que les garantizan dieciocho millones de euros para prevención de incendios. Mencionó "la inversión superior al medio millón de euros" que Tragsa ha ejecutado en los últimos meses en Tineo y Valdés por encargo del Ministerio de Transición Ecológica y el incremento del 43 por ciento que ha experimentado en el presupuesto regional la partida de inversión forestal y concluyó pintando con buen color el futuro que le aguarda a este sector que "encara los próximos años con una perspectiva de desarrollo desde el punto de vcista normativo, económico y social".

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