La transición industrial y rebajar la protección al lobo: las grandes peleas de Asturias en la UE

El 1 de septiembre de 2022, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, amaneció con un disgusto mayúsculo. Su poni, "Dolly", que la había acompañado durante 30 años, apareció muerto en su finca de Alemania. Un lobo le había atacado durante la noche. Y eso no era todo: el depredador estaba fichado por haber agredido a una docena de animales de la zona. Un año después del suceso, la propia Von Der Leyen expresaba lo siguiente: "La concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y potencialmente para los humanos. Insto a las autoridades locales y nacionales a actuar donde sea necesario". Ese mismo día, la Comisión abría un plazo para que expertos y comunidades locales aportasen datos que rebajaran la protección del lobo en el continente.

Asturias es una de esas regiones en las que los ataques del cánido han levantado una enorme polvareda entre los ganaderos, con frecuentes protestas para exigir a las autoridades autonómicas, nacionales y europeas que les permitan protegerse de esas mortíferas incursiones. El año pasado, el lobo atacó a 3.256 animales en el Principado: 1.093 caballos, 976 ovejas, 953 vacas, 227 cabras y siete perros. Estos incidentes, los más elevados desde que comenzaron los registros en 1997, obligan al Ejecutivo regional de Adrián Barbón a abonar 1,1 millones de euros en compensaciones.

Dirigentes del Principado han defendido en Bruselas que el lobo salga del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre), donde fue incluido en 2021. En este contexto, el Gobierno asturiano discrepa de la postura de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, favorable a que el cánido siga protegido. Ribera, por cierto, ha sido nombrada cabeza de lista del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo el próximo 9 de junio. Y precisamente en el seno de la Eurocámara volvieron a evidenciarse hace poco las discrepancias respecto al lobo, con diputados ecologistas defendiendo que "lo importante es mantener la población de lobos en Europa", y parlamentarios conservadores advirtiendo de que la norma será el motivo de que "en las zonas rurales desaparezca la última chispa de conexión con la Unión Europea".

Más allá de este problema concreto, el campo es uno de los ámbitos de Asturias donde más incidencia tienen las leyes europeas, lo cual se reflejó en las protestas de los agricultores del pasado febrero, cuando decenas de tractores entraron en Oviedo, llegando a pasar la noche en su arteria central, la calle Uría. Al igual que sus colegas del resto de España, los trabajadores del campo asturiano reclaman a Bruselas, entre otros cambios, más protección frente a la competencia desleal, más incentivos para el relevo generacional y menos burocracia para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que este año ascenderán a más de 92 millones de euros para 8.500 explotaciones de la región. De hecho, la Comisión Europea acaba de lanzar una macroencuesta para que los agricultores señalen qué trámites de la PAC son mejorables.

Otro de los puntos claros de impacto de la política europea es la transformación energética. Asturias será la provincia más beneficiada por el Fondo de Transición Justa (FTJ), planteada para los territorios más afectados por la descarbonización de la industria, caso de Asturias con el paulatino cierre de la minería en las últimas décadas. De los 868 millones de euros reservados por el FTJ para toda España, casi 263 irán a parar al Principado. El Gobierno asturiano acaba de lanzar una primera convocatoria de 40 millones a las que podrán optar empresas que fabriquen equipos de energías renovables como baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, electrolizadores y equipos de captura y almacenamiento de dióxido de carbono.

También es destacable el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que prevé movilizar 78 millones de euros hasta el año 2027 para varios proyectos, entre ellos potenciar la I+D en pymes, la digitalización de los ciclos del agua y la ampliación del Hospital de Cabueñes, en Gijón.

Con todo, aún continúa siendo un enigma el destino de los 450 millones de euros aprobados por la Comisión Europea para la reconversión de la fábrica de ArcelorMittal en Gijón, con la sustitución de uno de los altos hornos por un sistema de reducción directa de hierro (DRI). Un año después de que Bruselas diera luz verde a la subvención, la multinacional siderúrgica todavía no ha confirmado si acometerá la inversión de 1.000 millones de euros necesaria para la transformación de la planta. Una indefinición que está causando bastante inquietud en los círculos políticos y económicos de Asturias, toda vez que Arcelor es el gran baluarte industrial de la comunidad, con 5.000 empleados directos y cerca de 10.000 indirectos.

Suscríbete para seguir leyendo