El Consejo de Transparencia sigue bloqueado tras dos años y medio de legislatura y la ley que regula esta materia, básica por ejemplo para el control de los grupos de interés, los denominados lobbies, continúa inactiva, según han denunciado reiteradamente colectivos como el Conceyu por otra función pública en Asturias. El avance en esta materia ha sufrido varios reveses desde hace más de nueve años.
El último obstáculo para que el Consejo de Transparencia echase a andar se remonta al pasado abril, cuando la sesión parlamentaria para dilucidar la idoneidad del candidato a presidir ese nuevo órgano se vio envuelta en una controversia inesperada: los reparos del candidato al cargo en el caso de que la sede de la nueva entidad se ubicara en Avilés, como llegó a plantear Ciudadanos. Aquella polémica acabó por dar al traste con el nombramiento de un puesto clave en la estrategia de transparencia.
La puesta en marcha del Consejo de Transparencia fue uno de los compromisos arrancados por Ciudadanos en la negociación presupuestaria para el ejercicio de 2021, pero la negativa de José Manuel Fernández a asumir la presidencia de ese órgano si la sede se llevaba fuera de Oviedo enfrió el cumplimiento del acuerdo. No era el primer revés que sufría la estrategia autonómica en materia de transparencia, encallada por diversas razones desde que comenzó a debatirse en la legislatura 2012-2015. La primera intentona frustrada tuvo como origen la intención inicial del gobierno de Javier Fernández de tramitar por un lado una ley de Buen Gobierno y por otro, en paralelo, la ley de Transparencia, de la que finalmente desistió. La unificación en una ley de ambas materias acabó abarcando toda la legislatura 2015-2019, al final de la cual se aprobó el texto definitivo en la Junta General. Una aprobación que recientemente ha sido calificada por el colectivo de funcionarios Conceyu por otra función pública en Asturias como “un blanqueo mediático de imagen, en el que colaboraron de forma leal el Gobierno y la oposición, sin ninguna intención real de ponerla en marcha con la diligencia debida”.
Ya en esta legislatura, el PSOE puso encima de la mesa como primer candidato a presidir el Consejo de Transparencia el nombre de Bernardo Fernández, una propuesta que no siguió adelante al no alcanzar unanimidad política. Parecía que la propuesta de José Manuel Fernández se ajustaba mejor al perfil buscado, por no tener un marcado pasado político, pero la controvertida comparecencia en la Junta General dio nuevamente al traste con la cobertura de la pieza clave para la constitución y desarrollo del Consejo de Transparencia. “Tenemos la esperanza de que este año se pueda llevar a efecto”, afirmaba ayer Sergio García, el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Junta. Queda año y medio para que la estrategia de transparencia pueda ser una realidad en Asturias en esta legislatura.
