La posibilidad de reformar el Estatuto de Autonomía de Asturias, que ya ha cumplido 40 años, incluyendo el emblemático reconocimiento de la oficialidad del asturiano, atraviesa momentos decisivos. En el horizonte, principios mes de febrero, momento en el que las formaciones partidarias de la reforma evaluarán las posibilidades reales de un acuerdo que hoy se vislumbra difícil. PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Foro, partidos favorables en principio a la oficialidad, mantuvieron ayer otra reunión para tratar de desbloquear la situación en la que se encuentra la negociación después de que los foristas vinculasen su respaldo a la cooficialidad a una reforma estable y de calado de la política fiscal del Principado, con reducción de tributos, en especial el impuesto de sucesiones y tipos del IRPF.
Pocos avances se produjeron ayer. Los foristas insistieron en que su paquete de medidas fiscales es un elemento indisociable del debate sobre la reforma del Estatuto, y los partidos de la izquierda reconocieron que es difícil, por no decir imposible, asumir algunos de los planteamientos de la formación foristas.
Así que optaron por hacerle ver a los de Foro Asturias que el vaso de sus demandas está medio lleno, en vez de medio vacío. Así, los socialistas presentaron una propuesta de redacción del artículo cuarto en la que admite la petición de los foristas de que la futura ley de uso del asturiano se apruebe con la misma exigencia de mayoría reforzada que la reforma del Estatuto, tres quintas partes de la cámara: es decir, 27 diputados.
La secretaria de Organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, reconoció que los socialistas han presentado a estos partidos una propuesta que recoge esta “línea roja” reclamada por Foro Asturias, mientras que la exigencia en materia fiscal sigue sin aceptarse. La propuesta redactada por el PSOE, para el artículo 4 del Estatuto de Autonomía refleja además que la futura ley de uso “ha de establecer los términos y ámbitos del uso oficial de las lenguas propias de Asturias y ha de fijar las zonas de su uso predominante”.
El artículo también señala que los poderes públicos asturianos garantizarán “el uso normal y oficial” del asturiano, eonaviego y castellano y “potenciarán la utilización” de la lengua asturiana “en todos los aspectos de la vida pública, cultura e informativa”, además de que “nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua que emplee”. Llamedo recalcó que a día de hoy, solo 26 diputados –PSOE, Podemos e IU– votarían a favor de la cooficialidad y reconoció que “si no se desbloquea la fiscalidad, en la que hay posiciones encontradas, difícilmente vamos a poder avanzar en el resto de cuestiones”. La portavoz parlamentaria del PSOE, Dolores Carcedo, asumió que permanece en alto “la barrera de la fiscalidad”.
El diputado de Podemos Rafael Palacios señaló que la aceptación de que sean necesarios tres quintos para la aprobación de la ley de uso es un “avance” y aseguró que Podemos va a presentar un análisis de las propuestas de Foro para “superar la situación de bloqueo”. Palacios insistió en que el objetivo debe ser la aprobación del estatuto en la presente legislatura, tanto en el parlamento asturiano como en las Cortes Generales. Pero el tiempo apremia.
Izquierda Unida no dudó tampoco en poner sobre la mesa las cesiones que su formación política ha aceptado ya, para recalcar que asumir además la exigencia de fiscalidad de Foro alejaría la idea de que ha existido una verdadera negociación. “Hemos aceptado tres de cada cuatro de las exigencias planteadas por Foro Asturias para alcanzar un acuerdo”, una proporción que, a juicio del secretario de estrategia política de IU, Alejandro Suárez, demuestra la “intención sincera” para el diálogo y el acuerdo de la organización. Suárez también anunció que planteará “una propuesta de desbloqueo” respondiendo a las doce iniciativas de Foro para la reforma.
“Vamos a contestarle a las doce, una por una, y vamos a ver el nivel de acuerdo que puede haber, que nosotros ciframos en torno a un 75 por ciento”, explicó si bien ha señalado que el “escollo” se mantiene en el impuesto de sucesiones. Suárez recalcó que una negociación requiere flexibilidad por todas las partes para intentar avanzar y ha puesto de manifiesto que IU no planteó ningún condicionante en esta negociación.