El reglamento de la ley ambiental, próxima prueba de vitalidad para el bipartito PSOE-IU

Las dos fuerzas se aprestan a negociar el desarrollo de una norma que ha sido punto de fricción desde la pasada legislatura

PSOE e IU están llamados a volver a renovar la fe de vida de su alianza en el Gobierno del Principado tratando de entenderse en el entorno hasta ahora poco propicio de la gestión ambiental. El próximo escalón, la prueba siguiente para la fiabilidad de la alianza acerca el momento en el que las dos fuerzas políticas deben dar cumplimiento al punto de su acuerdo en el que se obligan a pactar "el desarrollo normativo de la Ley de Calidad Ambiental". Se avecina el espinoso asunto del reglamento que ha de desarrollar una norma que en la pasada legislatura abonó multitud de desencuentros entre el Gobierno socialista e IU. Se aproxima uno de los puntos calientes del pacto de Gobierno que dormía expectante. Hasta ahora.

El Ejecutivo autonómico asturiano ha resuelto mediante el acuerdo las "discrepancias" que el pasado verano manifestó el Gobierno central sobre la legalidad y la posible invasión de competencias en que incurría el texto aprobado por la Junta en marzo. Cuando ese convenio se sustancie oficialmente, y será en breve, llegará el momento de pensar en el reglamento, previa negociación de sus pormenores con IU.

El Principado ha llegado a un acuerdo con el Estado sobre las discrepancias de legalidad que había suscitado la norma

La coalición entró en el Gobierno renunciando a cambiar una ley que denostaba a cambio de un acuerdo sobre su desarrollo reglamentario que está pendiente y anotado en rojo en la lista de tareas de este periodo de sesiones, habida cuenta de que aquellos obstáculos legales que invocó el Gobierno central están a punto de ceder. La comisión bilateral de cooperación Estado-Principado designó en verano un grupo de trabajo que debía tratar de resolver aquellas dudas de legalidad y que lo ha hecho mediante un pacto que evitará el recurso que, en caso de desencuentro, podría haber llegado a interponer el Estado ante el Tribunal Constitucional. Ese proceso está a punto de finalizar, justo al cumplirse a finales de este mes el plazo dado para limar las asperezas entre las dos administraciones, y se espera que ese convenio despeje la salida de la negociación sobre el reglamento.

Los socios del Gobierno deben entenderse en un campo, el del medio ambiente, en el que hasta ahora les ha costado. Los desencuentros más audibles de los primeros cinco meses de mandato, cuando no los abiertos "cabreos" de la coalición, han tenido en común su ligazón con asuntos de la competencia de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, que dirige Nieves Roqueñí. Ha pasado muy recientemente con el choque en el interior del Gobierno a cuenta de los planes de Industria para facilitar la instalación de parques eólicos en la zona central de la región, pero también antes con los propósitos para quemar el combustible que se obtenga de la nueva planta de tratamiento de basura de Cogersa. Puede, sin embargo, que hayan sido esos sólo los aperitivos, porque para la coalición siempre ha sido la ley ambiental un asunto esencial de su "paquete ambiental".

En ese contexto de cierta suspicacia mutua se aproxima el momento en el que IU planteará las opciones para el propósito que siempre ha manifestado de "reequilibrar" a través del reglamento una ley que no le gusta. Las prioridades de la negociación, de acuerdo con la visión que ha reiterado IU a este respecto, definirán ese "reequilibrio" como el intento de recuperar el papel de la autoridad pública en la gestión medioambiental, sobre todo acotando de modo nítido a qué casos debe aplicarse uno de los grandes caballos de batalla de la coalición en este terreno, la "declaración responsable" que la ley prevé para dar de paso actividades consideradas de "menor incidencia ambiental" mediante una simple certificación del promotor sobre el cumplimiento de la normativa, que luego ha de ser verificada por la administración.

IU también ha centrado sus demandas en la necesidad de prestar apoyo a los ayuntamientos para el ejercicio de la actividad inspectora que les encomienda el texto y en el mismo sentido de la recuperación de la autoridad pública, ha exigido dejar a los agentes privados fuera de la gestión del medio ambiente. Nada de esto, han aclarado, debe estar reñido con la agilidad en los trámites burocráticos para el inicio de determinadas actividades.