La ley demográfica asturiana empieza su tramitación en la Junta con el propósito de que sea votada en mayo

La ley asturiana de impulso demográfico, planteada como una de las urgencias del Principado para esta legislatura, elevada a la categoría de «prioridad indiscutible», pone en marcha este viernes un camino de al menos tres meses hacia su aprobación definitiva en la Junta. Cuando mañana se reúna la Mesa de la Comisión de Presidencia para señalar las comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios, habrán pasado más de dos meses desde la aprobación del proyecto en el Consejo de Gobierno y más de un año desde la publicación de la primera versión que con algún leve retoque inicia ahora el trayecto de la tramitación parlamentaria. Desde que en febrero del pasado año concluyó su plazo de exposición pública se han cruzado en su camino el parón por las elecciones en primavera y en otoño una ronda de contactos con los grupos que se acometió a propuesta del PP y finalmente condujo al desacuerdo entre el Ejecutivo y el centro derecha sobre el contenido final del articulado. Después vinieron, en diciembre, el parón de la Junta para la tramitación del presupuesto y el que todos los años deja el mes de enero sin actividad parlamentaria.

Después de todas esas interrupciones, el texto que está a punto de iniciar su recorrido por el parlamento ha completado la redacción inicial de hace un año con alguna propuesta efectuada por los grupos y es la versión que fue aprobada en el Consejo de Gobierno el 27 de octubre pasado. Si nada se tuerce en las previsiones que los grupos pactaron ayer en la Junta de Portavoces, el debate y votación final debería sustanciarse «entre finales de abril y principios de mayo», tal vez cuando también esté a un paso de cumplirse un año de las elecciones autonómicas.

De acuerdo con el cronograma pactado, este viernes se fijarán unas comparecencias para las que se han reservado cuatro días entre el 9 y el 23 de febrero –9, 19, 22 y 23– y se abrirá a continuación un plazo para la presentación de enmiendas que concluirá el 18 de marzo. Si las hubiese de totalidad, se despacharían en un Pleno previsto para el 3 de abril y su más que previsible rechazo daría paso a los trabajos de la ponencia, estimados en dos semanas. El acuerdo traza, no obstante, «un marco de trabajo flexible que no excluye «ampliar el tiempo si la ponencia lo estimase necesario», precisa la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo.

El texto promovido por el Gobierno hace camino en el parlamento, al decir de la diputada socialista, con la vocación de conseguir «el máximo consenso posible, como alcanzó en su momento el dictamen de la comisión especial de reto demográfico» que le sirve de base. Llega con una holgada mayoría parlamentaria favorable a su aprobación, pero viene precedido también por las suspicacias o abiertas discrepancias que el pasado otoño manifestó el PP sobre la versión de la norma que el Gobierno ha llevado a la cámara. Esa ausencia de unanimidad, aliñada por la protesta de Vox a causa de su exclusión de la ronda de contactos previa al registro del texto en la cámara, también se evidenció en su momento en el debate sobre la necesidad de agilizar una tramitación que finalmente será ordinaria con comparecencias de expertos y que ha tratado de ser ajustada al máximo en la duración de los plazos. El proceso podría haber utilizado la vía de urgencia, que reduce los trámites a la mitad, pero esa premura «hay que justificarla», explica Carcedo. «Lo que buscamos, y así lo habíamos hablado con los grupos parlamentarios», enlaza, «era dotarlo de la mayor agilidad posible para los proyectos de ley. Una forma de hacerlo es pactar un calendario, y eso es lo que hemos hecho».

El Principado siempre ha planteado como una labor urgente y de máxima prioridad la traslación de su política demográfica a una norma con rango de ley que pese al desmarque del PP y Vox y a la decepción de los populares por el resultado de sus contactos con el Ejecutivo, llega a la fase de tramitación parlamentaria con el asentimiento previo manifestado por los dos diputados del Grupo Mixto y, por supuesto, el de IU. De aquí a mayo debería concluir un largo proceso que supera los cuatro años y hunde su raíz en la comisión parlamentaria que ocupó buena parte del cuatrienio de la pasada legislatura. Así las cosas, la que optó a ser la primera ley de la legislatura –el Ejecutivo iba a aprobarla ya en agosto, pero detuvo el proceso para aceptar las consultas que pedía el PP– puede ser la primera de 2024. Hace camino en el parlamento encabezando unas prioridades legislativas en del Principado en las que figuran, sin ánimo de exhaustividad, y según la enumeración de Dolores Carcedo, la ley de proyectos estratégicos, la de ciencia o la que debe tutelar la puesta en marcha de la nueva red de escuelas infantiles de titularidad autonómica.

Suscríbete para seguir leyendo