En España acordamos hace más de 30 años que existan tres redes de centros escolares: públicos, concertados y privados. Dicha diversidad de centros educativos no alcanza la plena libertad de elección que las familias debieran tener frente al dichoso código postal que los socialistas imponen como mecanismo de elección de colegio allá donde gobiernan, pero al menos asegura una mínima variedad frente a la imposición que supondría una única red y un único modelo educativo.
Los socialistas y sus socios de la extrema izquierda son conscientes de que su anhelada única red de centros públicos no podría absorber toda la demanda de plazas y, por ello, es inevitable que tengan que existir los colegios concertados por poco que les gusten. En Asturias, por ejemplo, la existencia de colegios concertados provoca un ahorro superior a los 50 millones de euros anuales en las arcas públicas.
Pero con el paso de los años y la caída de la natalidad, la izquierda intenta por todos los medios ir ahogando a estos colegios bajo el argumento de que "son subsidiarios de los colegios públicos", es decir, "que han de existir solo para cubrir las necesidades donde no llega la pública". Como dicha argumentación ideológica ha sido tumbada sistemáticamente por los tribunales a lo largo de las dos últimas décadas por vulnerar el derecho de las familias a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos, la izquierda ha tenido que variar de estrategia allá donde gobierna.
El primer paso de esta estrategia se basa en cambiar normativas que justifiquen el cierre de unidades en los colegios concertados. En Asturias se pone una ratio máxima por aula de 25 en infantil en la concertada mientras es de 23 en la pública, se modifican anualmente las ratios mínimas por aula en cada colegio concertado para que "casualmente" haya que cerrar porque no se alcanza el mínimo exigido? 30 unidades, un colegio y otros dos al borde del cierre a lo largo del último año en Asturias. ¿Qué es lo primero que ha anunciado la nueva Ministra de Educación socialista? El cambio de la normativa estatal vigente para impedir que colegios concertados puedan aumentar su número de unidades. Juegos de ingeniería para cerrar unidades y terminar cerrando colegios concertados.
El segundo paso consiste en aumentar las diferencias entre centros públicos y concertados. ¿Inversión presupuestaria en Asturias? 83% para la pública y 17% para la concertada, a pesar de que la concertada tiene el 30% del total del alumnado asturiano. ¿Ayudas para la compra de libros de texto? 1,8 millones para la pública y 450.000 euros para la concertada, endureciendo los criterios y llegando a un porcentaje de alumnos mucho menor en esta última. ¿Transporte escolar y comedor escolar gratuitos? Impensable para la enseñanza concertada. ¿Número de profesores por aula? Diferente, siendo la de la concertada asturiana, la peor ratio de España. ¿Número de orientadores? Diferente, volviendo a ser la ratio de la concertada asturiana la peor del país.
Esas diferencias se hacen aún más graves entre el profesorado de ambas redes. Los profesores de la enseñanza concertada ganan entre 1.500 y 8.000 euros anuales menos que sus colegas en la pública, a pesar de tener 25 horas lectivas a la semana (frente a las 20 de la pública). Se les adeudan complementos salariales o pagas extraordinarias desde hace años y todas y cada una de las mejoras conseguidas han tenido que venir por vía judicial.
El tercer y último paso de esta estrategia consiste en desprestigiar a los colegios concertados mediante mentiras. Así, se dice que "son colegios elitistas, machistas y excluyentes, donde se elige a los alumnos, no se atiende a quienes tienen necesidades educativas especiales y donde se imponen la religión y los dogmas".
Este tipo de falacias se dicen sin el más mínimo pudor en tribuna parlamentaria, en medios de comunicación, en redes sociales o en manifestaciones por representantes políticos de la izquierda asturiana ante el silencio cómplice del Consejero de Educación, quien jamás ha salido a desmentirles. Pero no nos engañemos, nunca lo hará porque él también participa de esta estrategia.
Desde el Partido Popular de Asturias siempre hemos defendido el derecho de las familias a elegir el centro educativo en el que deben estudiar sus hijos, su derecho a tener el mismo trato por parte de las administraciones públicas sea cual sea el colegio que hayan elegido y el derecho de los trabajadores a tener las mismas condiciones laborales y salariales. Lo seguiremos haciendo a pesar de los gruesos calificativos y las sectarias etiquetas que algunos nos sigan poniendo y, lo que es más importante, lo aplicaremos cuando lleguemos al gobierno de la región.
