Jaque al negocio de las fotos de carné

Francisco L. JIMÉNEZ

La franquicia avilesina Interfilm, con 80 tiendas en España, y la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen (FEPFI), que aglutina a 35 asociaciones provinciales y a más de 2.300 profesionales del sector, lideran sendas iniciativas para conseguir que las administraciones públicas, y en especial la Dirección General de Tráfico, rectifiquen los procedimientos aprobados o suspendan los que están en curso para autorizar el uso de fotografías tomadas con cámaras web en la impresión de documentos oficiales, como el carné de conducir u otros análogos.

Emilio Álvarez, gerente de Interfilm, destaca el daño económico que se le hace al sector de la fotografía con una medida que elimina una de las exigencias más manidas de la burocracia española: aportar una o más fotos de carné para la realización de determinados trámites. En palabras de Álvarez, «de los ingresos de las tiendas de fotografía, una media del 30 por ciento, dependen de la realización de fotos de carné». Jordi Goro, gerente de la FEFPI, a la que pertenece la Asociación Asturiana de Fotógrafos, habla de «competencia desleal» y «grave agresión a los derechos profesionales de los fotógrafos».

La administración pública que abrió esta caja de truenos fue la Dirección General de Tráfico (DGT), cuyo servicio de Información y Organización de Procedimientos, en aras a una mayor agilidad de los trámites, facultó a las clínicas donde se realizan psicotécnicos para la renovación del carné de conducir a tomar imágenes de los conductores con una cámara web y adjuntarlas en formato digital al expediente. Los fotógrafos vieron en este práctica una intromisión inadmisible en su oficio y una competencia comercial desleal, más aún cuando descubrieron que algunas clínicas cobran hasta nueve euros por la «sesión fotográfica», el doble del precio habitual de mercado de un lote de ocho fotos de carné.

«Las fotos de carné, o cualquier otro trabajo de estudio, sólo pueden hacerlos y cobrarlos los fotógrafos profesionales o las tiendas de fotografía porque para eso pagamos los tributos correspondientes y disponemos de la licencia fiscal que nos faculta para esa actividad. Que una clínica dedicada a hacer psicotécnicos facture por hacer fotos es, incluso, delictivo», explica el empresario avilesino Emilio Álvarez, que ya ha puesto el caso en manos de sus abogados para emprender acciones legales.

Una de las franquiciadas del grupo Interfilm tuvo hace meses la iniciativa de solicitar el amparo del Defensor del Pueblo, que el pasado día 4 le respondió invocando la existencia de un acuerdo entre la DGT y la Federación Española de Fotógrafos para implantar el nuevo protocolo informático de toma de fotografías. «Es mentira, no existe acuerdo alguno en ese sentido», aseveró ayer a este diario el gerente de la federación, Jordi Goro, quien como prueba de que no existe acuerdo alguno citó la existencia de tres iniciativas judiciales en defensa de los derechos de los fotógrafos: un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia y un recurso ante la Audiencia Nacional. «Se trata de nuestro pan y vamos a defenderlo con uñas y dientes», sentencia el gerente de Interfilm.