Retumés: ni industria ni campo

Viven desde hace ocho años en el limbo urbanístico, sin poder arreglar ni vender sus casas a la espera de una expropiación que ahora parece más lejana que nunca. El área de suelo industrial prioritario de Retumés se ha convertido en un regalo envenenado para los vecinos y propietarios de las fincas, que desde 2005, cuando se anunció el proyecto, viven prácticamente con las maletas hechas. El Ayuntamiento recalificó los suelos para uso industrial, y en abril de 2008 el Principado, el Ayuntamiento y Sogepsa firmaron un acuerdo para la puesta en marcha de este proyecto. Dificultades orográficas y económicas han venido a relegar el plan al último de los cajones y ahora incluso el gobierno avilesino reconoce que «no es prioritario» el desarrollo de estos 550.000 metros cuadrados de suelo ubicado junto al concejo de Gozón. Pero a efectos prácticos, ni so ni arre.

Ángel y Francisco Iglesias querían ampliar la ganadería Villanueva, en Retumés. Encargaron el proyecto, les costó 9.000 euros y después tuvieron que archivarlo. El área industrial irrumpió en sus vidas y les costó, además, otros 9.000 euros de intereses que tuvieron que pagar al Principado en concepto de una subvención que habían recibido y que después se vieron obligados a devolver. «No nos dan ninguna solución, no nos dejan edificar porque todo sería en precario... y aquí estamos», resume Ángel Iglesias, mientras lamenta que su hijo y su nuera, que son quienes están al frente de la explotación agraria, no puedan desarrollar su trabajo como quisieran. «Hay ochenta cabezas de ganado, quisiéramos cien o más. Y el problema es que ni siquiera tenemos buenas condiciones para el número de cabezas actual».

Un agravio más. La revisión catastral de Avilés, sumada a la recalificación de los suelos, hace que este año vayan a encontrarse con un pago del IBI muy superior al que venían efectuando hasta ahora. En el caso de la ganadería Villanueva, pagaban menos de 80 euros y ahora calculan que tendrán que pagar más de 500.

Para Francisco Iglesias, la solución a sus problemas es que los responsables políticos se atrevan a dar marcha atrás: «Que digan que el polígono se fue al traste. Con las consecuencias que tenga».

La familia tiene, al menos, la satisfacción de no haberse embarcado en créditos para una nueva ganadería esperando el rédito de la expropiación, tal y como les aconsejó algún concejal. «Yo pensé que era mejor esperar a ver lo que pasaba», explica Ángel Iglesias. Ninguno de los afectados sabe, en cualquier caso, cuánto les pagarían por los suelos. «Aquí lo más que llegaron fue a medirlo todo. Valoraciones, nunca vi». Iglesias nació hace 67 años en la misma casa en la que hoy vive, y que sería una de las que se derribarían para efectuar el proyecto de urbanización. «No podemos seguir en esta situación. A la administración le afectará la crisis... pero a nosotros también».

Unos metros más allá, en el núcleo de Los Guardados, también de Retumés, ladran los perros. Cerezales y parras comparten terreno con hierbas altas y descuidadas. «No podemos hacer nada», lamentan José María Castelo y Ludivina Aramburu. Viven, desde 2005, inmovilizados en su domicilio. «No podemos ni vender ni hacer obras... Sogepsa llegó a venir aquí a medir, para poner unos finsos y marcar los viales, y nada más se supo», lamentan. Los problemas de esa inacción ya están a la vista. Las casetas se van deteriorando, se deshicieron de los cerdos y de la vaca y quedaron sin ganado... «¿Y ahora qué? ¿Empezamos de nuevo?», preguntan sin una respuesta fácil que llevarse al oído. No pueden evitar recordar cómo desceparon un monte entero para convertirlo en huerta, y cómo ahora las zarzas y las rebollas se lo comen todo. «Después de trabajar tanto...»

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José María Castelo considera que los vecinos afectados por la parálisis de Retumés tendrían que agruparse para reclamar sus derechos, aunque de momento no lo haya conseguido. Porque son varios los que están en ese limbo urbanístico, pendientes de unas expropiaciones que cada vez parecen más lejanas. Así opina José Luis González, nacido en Retumés, que lleva años esperando un desalojo primero temido y después ya aceptado. «Al principio no nos queríamos marchar, después nos hicimos a la idea. Y ahora esperamos sin que nadie nos dé una solución». Tanto él como el resto de vecinos afectados son claramente escépticos y ya sólo esperan que alguien asuma el fracaso del proyecto y dé marcha atrás. «Nos dijeron que no hiciéramos obras porque luego no nos las compensarían, tampoco podemos vender... necesitamos una respuesta», reclama González.

El presidente de la asociación de vecinos, Javier Díaz, tampoco da crédito a una próxima construcción del polígono. «La realidad la veo muy cruda, no creo que esto se haga en los próximos años. Los políticos en el gobierno no deberían de marear la perdiz, y tampoco la oposición venir con falsas promesas».

Un problema añadido a la parálisis del proyecto de Retumés es el de las viviendas del Fondo Valliniello, en malas condiciones de habitabilidad. En su inmensa mayoría, los inquilinos están en régimen de alquiler y, según la asociación de vecinos, cada vez son más los residentes en condiciones irregulares, al calor de la crisis. «Estamos esperando a que el Ayuntamiento haga alto. Solicité hace meses una entrevista con Bienestar Social y dicen que están trabajando, pero alguna decisión tienen que tomar con esas casas», afirma Javier Díaz. Y subraya: «No se puede presumir de haber erradicado el chabolismo y tener esto así, necesitamos soluciones urgentes». Los vecinos consideran que el Ayuntamiento tendría que prestar más atención a quién vive en las casas y en qué condiciones. «Hay niños, según las épocas bastante trapicheo...»

Las dificultades económicas que atraviesa Sogepsa son la puntilla que faltaba para acabar de hundir este proyecto. Sin embargo, existe una razón por la que el gobierno se resiste a dar marcha atrás. Y es que los propietarios de los suelos del área de Retumés, calificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como «urbanizable prioritaria», podrían exigir indemnizaciones por el cambio de tipología de los suelos. Revertir los suelos de nuevo a rústicos supondría una pérdida del valor hipotético de los suelos de unos 10 euros por metro cuadrado. Si todos los propietarios reclamaran esta cantidad al sentirse perjudicados por el cambio supondría un desembolso para las arcas municipales de 5 millones.