La letrada avilesina acusada de estafar durante años a decenas de clientes, A. M. R. F,, sostiene que padece una enfermedad mental crónica y ha pedido la absolución de todos los cargos que se le imputan. Su abogado defensor sostiene, en su escrito de calificación, que los informes médicos sobre la salud de su cliente "son contundentes", hasta tal punto que considera que sus facultades mentales están tan mermadas que deben tenerse en cuenta como "eximente completa". Y argumenta que su defendida padece un trastorno de personalidad disociativa del cluster B.
El letrado Marcelino Tamargo rechaza negligencia alguna por parte de A. M. R. F. en las más de 40 denuncias que le han interpuesto. En unos casos argumenta que "los hechos carecen de relevancia penal", en otros sostiene que, de haber delito alguno, habría prescrito y, en algunos, asegura que se basan en denuncias falsas. En todo caso, y por encima de todo, ahonda en "los informes médicos que confirman la enfermedad crónica y de arraigo anterior a la presunta comisión de los hechos delictivos que se imputan a la acusada". Fundamenta sus conclusiones en varios informes periciales redactados por especialistas en psiquiatría y también en otros clínicos emitidos por el Hospital San Agustín y el Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid). Según su relato, A. M. R. F. causó baja laboral el 5 de julio de 2013 y la Seguridad Social declaró su "incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo por enfermedad mental".
Tamargo solicita que declaren en el juicio varios testigos, entre ellos el que fue socio de despacho de la imputada, M. A. B. S., que ejerce una de las acusaciones particulares en el procedimiento. El abogado defensor sostiene que "es falso que M. A. B. S. desconociese los aspectos económicos y contables del despacho". "Se trata de una maniobra para evitar las responsabilidades que de su actuación se pudieran derivar, a mayor abundamiento las cantidades procedentes de los recibís, honorarios y cantidades entregadas por los clientes, puesto que en definitiva estos importes se los repartían ambos socios por mitad", sostiene el letrado en su escrito de calificación. Y también niega que el exsocio de su representada desconociese su delicada salud mental, ya que "la acompañó a varias consultas médicas desde marzo de 2011". Es más, sostiene que M. A. B. S. pretende endosar a la imputada "la voluminosa responsabilidad económica derivada presuntamente del actuar del despacho" de ambos.
Además, Tamargo considera, en su escrito, que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de su clienta, puesto que solo ha contado con diez días para presentar su calificación, un plazo que considera "a todas luces insuficiente" (las diligencias previas superan los 3.000 folios y se le denegó la ampliación del plazo que había solicitado).
La Fiscalía pide para A. M. R. F. diez años de cárcel y el pago de indemnizaciones por valor de 1,5 millones de euros por supuestos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento oficial. La letrada presentó su baja voluntaria en el Colegio de Abogados de Oviedo en noviembre de 2013.