Trece dueños de solares del casco histórico avilesino tendrán que dejar construir en ellos por orden del Ayuntamiento. En caso contrario, y pasado un periodo de tiempo, se iniciará un proceso de expropiación para que otro agente bien público -Ruasa- bien privado -una promotora- realice esa edificación. "Lo que se busca es animar a los propietarios a construir y cerrar los huecos del casco histórico", aseguró ayer Luis Ramón Fernández Huerga, concejal de Urbanismo, en la presentación del II Programa de edificación forzosa. "Es un instrumento más que tiene el Ayuntamiento para incidir en una de las joyas de Avilés y es una obligación de la administración cuidarlo", añadió el edil socialista.

Las parcelas afectadas por el plan están en las calles de La Estación (números 1, 3, 5, 7, 9, 24 y 55), Galiana (números 36 y 41-43), Rivero (números 54 y 109) y en las plazas de España (número 10) y El Carbayedo (número 48). Dos de ellas, la del Carbayedo y la de la plaza de España, ya cuentan con licencia desde hace años pero aún no se ha ejecutado. "El momento de presentar este programa es ahora, después de la aprobación provisional del plan de mejora del casco histórico por no mezclar ámbitos", explicó Fernández Huerga, concejal de Urbanismo. El edil presentó ayer el documento a los grupos de la oposición con el objetivo de lograr el máximo consenso y para que hagan sus aportaciones, aunque en este caso no es necesaria la aprobación del Pleno sino un decreto de Alcaldía.

Una vez que la regidora, Mariví Monteserín, firme el decreto, se iniciará un periodo de exposición pública de veinte días. El Ayuntamiento también deberá notificar a cada uno de los propietarios de los solares el inicio de este programa. Este será un "proceso largo", reconocieron tanto el edil como Andrea del Cueto, directora de Disciplina y Planeamiento del área de Urbanismo. Y es que algunos solares son de dueños "conocidos"; en otros, puede ser de varios herederos que, incluso, no vivan en España. "Es un trabajo arduo, casi de investigación", reconoció Huerga. Así, de no dar de primeras con los propietarios, el Ayuntamiento tendrá que emitir notificaciones a través de boletines oficiales o embajadas porque, hasta que no se consiga avisar a todas las partes, no se podrá aprobar el programa definitivamente. Y la experiencia anterior, con el primer plan de edificación forzosa, indica que no es fácil. Ese documento, que data de 2004, tardó en aprobarse más de dos años. Incluía 34 actuaciones de las que se realizaron 24. Seis de las que ahora constan en el nuevo plan, ya estaban en el anterior.

Una vez se apruebe, cada propietario dispone de un año para solicitar licencia de obra y otro más para ejecutar los trabajos. "Si no se produce, se abre el capítulo legal, que es la capacidad del Ayuntamiento para expropiar bien a favor del Ayuntamiento y que ejecute Ruasa, bien un agente edificador. En ese caso, se haría un concurso o una subasta de la parcela y se puede limitar el precio -"el menor posible"-, el número de viviendas...

Ganemos calificó de "positiva" la presentación de ese plan. "A falta de estudiar con detalle, apoyamos la propuesta, que creemos que es la correcta", comentó su portavoz, Agustín Sánchez.