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Los pescadores, contra la extracción de arena para Salinas en sus caladeros

"Nos negamos rotundamente a tocar el litoral, nos destrozarían", advierte el líder regional de las cofradías ante los rellenos del Puerto

La draga "Njord R", en la ría de Avilés, en diciembre de 2015. RICARDO SOLÍS

Los pescadores asturianos no quieren ni oír hablar de la extracción de arena en el litoral asturiano. De mantenerse las nuevas condiciones de dragado en la bocana de la ría de Avilés que plantea la Dirección de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Gobierno central, entre ellas el aporte de arena a la playa de Salinas, se abrirá de nuevo la espita de dónde sacar el material. "Nos negamos rotundamente a que se saque arena del litoral. ¿Cómo van a andar metiendo mano en los caladeros? Si empiezan a enredar en ellos, apaga y vámonos. Es imposible que eso vaya adelante", avisa el presidente de la Federación Regional de Cofradías, Dimas García.

El Ministerio pretende que toda la arena que se saque a partir de ahora de los dragados de la ría se deposite en la misma cantidad en la playa de Salinas. Para ello, tendría que buscar un banco de arena acorde al de la playa castrillonense (el volumen de arena que se puede aprovechar para uso productivo apenas sería de un 14 por ciento). "Suelen hacer las extracciones de arena en las zonas donde hay bancos más ricos de pesca. Esos caladeros, que son de piedra y arena, son buenísimos. Si se ponen a sacarla de ahí, nos destrozarían", apunta García.

El portavoz de los pescadores asturianos recuerda con claridad "la que se montó" en 2004, cuando se desarrollaron los únicos trabajos de regeneración de la bahía castrillonense mediante aporte de árido con material extraído de Cabo Vidío. Fue recién estrenado el siglo XXI, en el año 2000, cuando se aprobó sacar 545.000 metros cúbicos de arena de un banco submarino próximo al Cabo Vidío. Tres años después, cuando iban a iniciarse los trabajos, se paralizó el proyecto ante la oposición frontal del sector pesquero, que defendían que la operación sería perjudicial para la pesca del calamar y la sardina, en particular, y para los recursos marinos de la zona, en general.

Tras una retahíla de reuniones y desacuerdos, finalmente la operación salió adelante y los pescadores recibieron a cambio compensaciones por valor de unos 240.000 euros a cambio del mes que permaneció cerrado el caladero, el tiempo que estuvo la draga holandesa "Geopone 15" trabajando frente a la costa del cabo Vidío y durante el que no se pudo faenar en la zona.

"La otra vez fue un follón tremendo y acabamos recibiendo una indemnización del Ministerio. Fue la primera vez que se pagó por extraer arena del litoral", prosigue García. La Federación de Cofradías subraya que está a favor de los dragados en los puertos y que se aproveche el material que se extrae en esos trabajos para regenerar arenales, pero se opone "rotundamente" a que la fuente de ese material sean los caladeros asturianos. "No puede ser, todo lo acabamos pagando nosotros, todo para la mar. Que echen donde quieran lo que saquen de dragar, pero los caladeros ni tocarlos", concluye.

La necesidad de una nueva remesa de arena para Salinas quedó plasmada en un informe de 2010 del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedes) de 2010. El organismo sostenía que una de las causas de la pérdida de arena en el litoral castrillonense fue precisamente que el material que se echó en 2004 procedente de Vidío no era del tamaño conveniente. Y advertía de que el grano tenía que haber sido similar a la original de Salinas.

Durante todos estos años, el Ayuntamiento de Castrillón viene manteniendo reuniones con representantes de Costas para tener noticias de donde puede estar esa arena. Y el Ministerio de Transición Ecológica, con su nueva declaración de impacto ambiental para los dragados de la ría, ordena al Puerto de Avilés que la busque. La Autoridad Portuaria ya ha presentado sus alegaciones a la declaración de impacto ambiental de los dragados. Sus gestores estiman que las nuevas medidas, que tachan de "desproporcionadas, injustificadas e inviables", supondrán un desembolso de 2,8 millones de euros por cada operación, lo que llevaría al organismo a los números rojos.

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