La finca de Santolaya anexa al arroyo Cantalarrana y a la fuente y lavadero del mismo nombre ha llegado finalmente a la Fiscalía. El propietario de la parcela ha continuado realizando trabajos de acondicionamiento en la parcela sin la preceptiva licencia municipal y no ha acatado las órdenes de paralización dictadas desde el Consistorio, por lo que el gobierno local ha puesto los hechos en conocimiento del fiscal para que se inicien actuaciones por la posible comisión de delitos relacionados con el medio ambiente, ya que se ha desviado el cauce del arroyo, y con la ordenación del territorio. "Con las obras, rompieron una tubería este verano", asegura un representante de la asociación de vecinos de Santolaya, lo que provocó el corte del suministro, como puso de manifiesto en un informe municipal.
"Como asociación ya denunciamos hace tiempo la ilegalidad de las obras, pero siguen extendiendo los materiales que tenían amontonados en la parcela", aseguran los vecinos.
No es la única denuncia. "Hemos descubierto que el arroyo también lo encauzaron por otro sitio los dueños de una finca por encima de ésta, así que hemos puesto otra denuncia", prosiguen. La asociación dice que la Confederación Hidrográfica "ha comunicado al Ayuntamiento que tienen que restaurar el cauce del río y que no puede haber ningún obstáculo a cinco metros del cauce superior, pero no sabemos nada". Y el ambiente no es el mejor en la zona: "Los vecinos están soliviantados con esta situación. En la asociación les explicamos que hay unos plazos que cumplir".
Los propietarios de la parcela han llegado a solicitar al Ayuntamiento de Gozón que retire las tuberías de suministro de agua que pasan por la finca. El Consistorio les ha respondido que la canalización del abastecimiento de agua discurre por la finca hace más de 20 años, por lo que está constituida una servidumbre de acueducto sobre esas fincas que impone la obligación de acceso a favor del Ayuntamiento para realizar unas obras de mantenimiento y conservación de la red. Ahora, todo ha quedado en manos del Ministerio Público.