El dueño de un gimnasio y de una tienda de nutrición en Avilés afronta una condena de dos años y nueve meses de prisión acusado de vender anabolizantes a personas vinculadas con el mundo del deporte, tanto "amateur" como profesional. La Fiscalía solicita además una sanción económica de ocho euros al día durante nueve meses y la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio sanitario o farmacológico por dos años, además de las costas por el proceso judicial.

Inicialmente, la vista oral iba a celebrarse también contra otros cuatro acusados, aunque después se retiró la acusación contra uno de ellos al no quedar debidamente acreditada su implicación en los hechos. Los otros tres reconocieron su participación en las ventas investigadas y alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público, que está pendiente de ratificar en la vista oral, prevista para el próximo lunes por la mañana en los Juzgados de Gijón. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública.

En su escrito, sostiene que el acusado, titular de un gimnasio en Avilés y de una tienda de nutrición, "valiéndose de su función como entrenador", captaba a deportistas y se dedicaba a asesorarlos y a suministrarles medicamentos anabolizantes no comercializados legalmente en el mercado español para realizar sus ciclos, sin la oportuna prescripción médica. "El acusado era plenamente consciente de los graves riesgos que esas sustancias entrañan para la vida y salud de los deportistas", apunta la Fiscalía en el texto.

El Juzgado de instrucción número 1 de Gijón acordó en julio de 2016 la intervención del teléfono del acusado y, como consecuencia del contenido de las escuchas, ordenó la entrada y el registro en su domicilio. Esa intervención se desarrolló dos meses después de la autorización para intervenir el teléfono. Ocurrió a las 18.25 horas del día 7 de septiembre de ese año, en una vivienda ubicada en Piedras Blancas.

Según el relato del Ministerio Fiscal, en el domicilio "se encontraron numerosos medicamentos, que el acusado tenía para venderlos a terceras personas, deportistas, sin prescripción facultativa, destinando su uso a mejorar su rendimiento deportivo y no para su utilidad original, con el consiguiente alto riesgo para la salud de estos". "Todos los productos son considerados medicamentos, ya que tienen entre sus ingredientes sustancias farmacológicamente activas y su empleo en competiciones deportivas está prohibido, es decir, son considerados medicamentos prohibidos y su consumo produce resultados positivos en controles de dopaje, según la última lista de sustancias prohibidas en el deporte publicada en la resolución de 17 de diciembre de 2015 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte", señala el fiscal.

Además, explica en su escrito que todos los medicamentos intervenidos en la operación "carecen de garantía alguna en cuanto a que se hayan observado las condiciones de almacenamiento y conservación así como con el de abastecimiento", por lo que la calidad, seguridad y eficacia de los fármacos "puede verse comprometida". Esas circunstancias llevan al Ministerio Fiscal a entender que la venta de esos anabolizantes, sumado a esas variables, "supone un riesgo añadido más contra la salud pública".

El juicio oral comenzará el próximo lunes día 15 en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón. El dueño del gimnasio se enfrenta a una pena que podría acabar con él en la cárcel por la venta de productos nocivos.