El Gobierno declara "de urgencia" el estatuto eléctrico llamado a salvar a Alcoa

El Consejo de Ministros autorizó ayer la tramitación por la vía de urgencia del procedimiento de elaboración y aprobación del Real Decreto por el que se va a regular el Estatuto del Consumidor Electrointensivo; es decir, el marco legal que tiene que garantizar la producción y el futuro de multinacionales del calibre de Arcelor-Mittal, Alcoa y Asturiana de Zinc (Azsa).

El desarrollo de este marco legal es una reclamación pertinaz tanto de las compañías como de los representantes sindicales, sobremanera los de Alcoa. Y es que los trabajadores de esta multinacional aluminera tienen sobre sí la amenaza de un despido colectivo como consecuencia del anunciado cierre de las factorías de La Coruña y de Avilés, que será efectivo si no aparece un inversor antes del 30 de junio.

El Estatuto de las Electrointensivas nació con una misión principal: reconocer las particularidades de los consumidores de energía con un elevado uso de electricidad, gran consumo en horas de baja demanda y una curva de consumo estable y predecible. O sea, lo que sucede en tres de las siete grandes multinacionales establecidas en la comarca. Este reconocimiento oficial fue convalidado en el Congreso de los Diputados, este pasado otoño, en las semanas posteriores al anuncio de las fábricas de la aluminera. Entonces se señaló que en seis meses se iba a desarrollar; es decir, que los legisladores precisaban de medio año para establecer las reglas de un juego que se desarrolla en la cuerda floja desde la eliminación de las tarifas especiales por la Unión Europea. A partir de ese momento, la legislación energética ha ido dando bandazos, sobremanera con las subastas de interrumpibilidad (el Estado paga a las grandes empresas si precisa desviar el suministro eléctrico).

El Gobierno entrará en funciones el 28 de abril. El acuerdo de cierre definitivo alcanzado por los trabajadores de Alcoa y la propia empresa prevé iniciar los despidos colectivos el 30 de junio. Los posibles compradores de las fábricas que la multinacional norteamericana ha puesto a la venta necesitan de un Estatuto claro para poder lanzarse a la aventura de comprar las fábricas que llevan fabricando aluminio desde hace más de medio siglo. La energía supone, en casos como el de Alcoa, el 40% de la factura total de costes.