Un castrillonense reclama 490.870,32 euros a la empresa para la que trabajaba en abril de 2014 y sus aseguradoras como indemnización por un grave accidente laboral y las secuelas que padece desde entonces. El suceso tuvo lugar, supuestamente, por un argayo en una zanja dentro de la que estaba trabajando el hombre, que alega que se incumplieron las medidas de seguridad pertinentes que hubiesen evitado el desastre.
Según el relato de la parte demandante, ejercida por el laboralista Marco A. Iglesias, la empresa para la que trabajaba la víctima incurrió en una infracción grave al no disponer las medidas de seguridad necesarias que podrían haber evitado el accidente. Esto es, principalmente, que la zanja en la que estaba trabajando el afectado en el momento del accidente, en la construcción del tramo Otur-Villapedre de la A-8, de más de 2,5 metros de profundidad, no estaba suficientemente asegurada.
Según el relato, el accidente tuvo lugar hacia las 16.00 horas del 2 de abril de 2014. Fue entonces cuando la víctima se introdujo en la zanja para medir su profundidad, una de las paredes se desplomó y el trabajador quedó sepultado de cintura para abajo. En un primer momento fue trasladado al Hospital de Jarrio (Coaña) y en la madrugada del 3 de abril ya fue trasladado al Hospital Universitario San Agustín de Avilés.
El argayo ocasionó importantes lesiones al afectado: rotura completa de uretra, fracturas en la zona de la pelvis y la cadera y en el brazo izquierdo. De ellas padece graves secuelas, como impotencia, incontinencia urinaria, dolores pélvicos, limitación severa para caminar y mantenerse en pie y un síndrome ansioso-depresivo grave. Para recuperarse, la víctima necesitó 510 días, 183 de ellos en el hospital. Desde 2015, el afectado está calificado como trabajador incapacitado permanente total para su profesión. Por estos motivos, la parte demandante solicita indemnizaciones por valor de 490.870,32 euros a a sumir de manera solidaria entre la empresa para la que trabaja la víctima y sus aseguradoras.
En el escrito de demanda, también afirman que Inspección de Trabajo emitió un acta de infracción contra la empresa para la que trabajaba la víctima en diciembre de 2014, en el que sancionan a la compañía por una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales, castigada con una multa de 3.200 euros.
La parte demandante considera suficientemente acreditado que existe un nexo causal entre "la conducta pasiva, negligente y despreocupada de las partes demandadas y el accidente que ha provocado las graves lesiones permanente del trabajador" y de su "falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo".
El pasado octubre, fueron enjuiciados el jefe de obra, el técnico de prevención de riesgos laborales y el coordinador de seguridad de la empresa para la que trabaja la víctima en el momento del suceso, por un delito contra la vida y la salud de los trabajadores en concurrencia con un delito de lesiones por imprudencia grave, por el que el Ministerio Público solicitaba dos años de prisión para ellos. En la vista oral, celebrada en los juzgados de Avilés, los tres se declararon culpables, por lo que defensas y Fiscalía llegaron a un acuerdo para condenar a una multa de 2.160 euros a cada uno de ellos, además de al pago de las costas de manera solidaria. El Ministerio Público también solicitaba más de 300.000 euros de indemnizaciones para la víctima. El perjudicado renunció a ellas por esta vía.