La imposición de separar las terrazas 1,80 metros de la fachada de los establecimiento llega directa de Madrid. Del Ministerio de Vivienda, para ser más exactos, que la redactó con la intención de facilitar la accesibilidad de personas con movilidad reducida e invidentes. Ya desde antes de su entrada en vigor, en enero de 2019, generó grandes polémicas. Tanto en grandes ciudades como en pueblos pequeños. Y es que sobre el papel nadie se librará de su aplicación.
Uno de los lugares en los que más ampollas levantó su puesta en marcha fue Ribadesella. Los hosteleros del coqueto pueblo marinero del Oriente asturiano, una de las insignias del veraneo en el Principado, denunciaron que, de tener que aplicar esta norma, todas las terrazas del pueblo desaparecerían, pues el urbanismo de la localidad no permite acatar esta normativa.
La situación se hizo especialmente cruenta después de que un vecino denunciase a uno de los establecimientos por el incumplimiento de esta normativa el pasado verano. Fue la voz que definitivamente hizo saltar las alarmas y llevó al sector a pensar en aquello de que "Cuando las barbas de tu vecino veas cortar..." y a movilizarse en buscar de una solución que, como en Avilés, aún no ha llegado.
