Ana María González, abogada de Cavasym (Centro de Atención a Víctimas de Agresiones sexuales y Malos Tratos de Asturias) y colaboradora de la Fundación Amaranta y de Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida) como letrada de la acusación particular en las denuncias relativas a víctimas de trata con fines de explotación sexual en Asturias, ofreció una charla ayer en el Centro de Servicios Universitarios.
- ¿Cuál es la situación de la trata con fines de explotación sexual en este momento?
-En España está regulándose la parte relativa a la víctima, pero no se fija en los explotadores, en los proxenetas y en los usuarios que cosifican a mujeres y está a vista de todos. Hay unos derechos y libertades, una dignidad y una integridad para esas mujeres. El 80 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución son por trata. Las captan, las traen... nadie viene por voluntad propia para ejercer la prostitución desde Rumanía u otros países.
- Hay voces como el sindicato Otras que hablan de regularizar la situación de las prostitutas, ¿qué le parece?
-En Alemania se planteó para proteger sus derechos. Yo entiendo que la prostitución no es un trabajo, nadie estudió para ser puta. Ven que la regulación es una manera de proteger a las prostitutas, yo no lo comparto.
- ¿De qué manera se puede poner freno a esta situación, qué medidas se pueden tomar para acabar con la trata con fines de explotación sexual?
-Se está volcando la labor en ayudar a la víctimas y colaboran las fuerzas del orden, los institutos de la mujer... hay que enfrentarse al resto de operadores para acabar con esta situación. Esas mujeres vienen engañadas por mafias, por unos negocios en negro que generan mucho dinero. Hay que trabajar en otros frentes, los explotadores, los negocios y los puteros, que son hombres que no se preguntan si esas mujeres son víctimas de trata o no. Esas mujeres son como objetos para las mafias.
- La trata también afecta a la explotación laboral, ¿no es así?
-Así es, también existe para el trabajo y en ocasiones llega a implicar mendicidad para las personas. Los cauces son los mismos, en cualquiera de los casos se trata de un negocio redondo, no pagan IVA ni IRPF ni nada, son todo beneficios.
- ¿Cómo puede intervenir el Estado para acabar con la trata con fines de explotación sexual?
-El Estado puede perseguir a los proxenetas pero se centra en la declaración de las mujeres y así es muy difícil. Una investigación no solo puede centrarse en lo que digan esas mujeres que son víctimas de trata porque por su seguridad no suelen hablar. Es díficil obtener pruebas, son necesarias otras pruebas periféricas. Es necesario que esas mujeres se sientan seguras pero su situación, engañadas, lo dificulta todo.
- Por lo que dice, entiendo que esas mujeres se sienten coaccionadas por los proxenetas.
-Sí, efectivamente. Y no solo ellas, también sus familias si ellas hablan. Esas mujeres tienen serias dificultades para poder volver a sus países de origen, es muy difícil salir de ahí, por eso es muy importante la labor que realiza la fundación Amaranta, Apramp y el Proyecto Esperanza, que trabajan por la reinserción de estas mujeres.
- Y en Asturias, ¿cómo está la situación?
-Solo comentar por ejemplo que en Gijón, tras el confinamiento, organizaron un turno de oficio para víctimas de trata y no tenían ningún tipo de formación al respecto. Este es un asunto muy serio porque hay varias violencias, la sexual, la de género, la económica y la salud. Hay que atender las necesidades de estas mujeres.
