La juez de la Audiencia Nacional María Tardón Olmos dejó ayer en libertad, aunque con medidas cautelares, a los cuatro detenidos en el operativo policial desarrollado el jueves por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de Alcoa ubicadas en Avilés y La Coruña. Según han informado fuentes jurídicas, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha ordenado la retirada del pasaporte y la prohibición de salida de España a D. P. S., así como a Luis Losada Gómez, Víctor Rubén Domenech (también conocido como David Domenech) y Alexandra Camacho Carrascal, que, además, deberán comparecer en el juzgado cada mes.
Los cuatro declararon a lo largo de la mañana por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores y asociación criminal. El contenido de sus declaraciones no ha trascendido al haber decretado la juez el secreto del sumario. Las detenciones de los cuatro cabecillas del conglomerado societario que opera con la pantalla denominada Grupo Industrial Riesgo se produjeron después de que agentes de la Policía Nacional registraran el jueves las instalaciones de Alu Ibérica en Avilés y La Coruña, antes propiedad de Alcoa, así como varias oficinas de Madrid, Málaga y Castellón.
Uno de los interrogados en el día de ayer fue Víctor Rubén Domenech, máximo responsable de Grupo Industrial Riesgo; precisamente, el pasado febrero la magistrada rechazó su recurso de oposición a la querella en consideración a que en “un momento procesalmente tan temprano” no es posible afirmar si hubo o no hecho delictivo. A tenor de los datos del Registro Mercantil, las otras tres personas también guardarían relación con la actual Alu Ibérica: D. P. S. está vinculado al Grupo Industrial Riesgo, mientras que Luis Losada figura como administrador único de su vehículo de inversión System Capital Management, sociedad con la que también tendría lazos Alexandra Camacho Carrascal y que el pasado mes de enero se transformó en Iberian Green Aluminium Company.
La intervención policial, dirigida por la juez Tardón y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, está relacionada con la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras 18 personas por supuestas irregularidades en la venta de las fábricas de Avilés y La Coruña. A esta acción judicial se han adherido también las federaciones nacionales de Industria de CC OO y la UGT.
El abogado de la Confederación de Cuadros y Profesionales solicitó a la juez la adopción de una serie de medidas cautelares con el objetivo de garantizar el patrimonio de la empresa Alu Ibérica y velar por su viabilidad futura
El abogado de la Confederación de Cuadros y Profesionales, Alfonso Freire, solicitó ayer a la juez la adopción de una serie de medidas cautelares con el objetivo de garantizar el patrimonio de la empresa Alu Ibérica y velar por su viabilidad futura en estos momentos convulsos. CC OO se adhirió a esta petición, que comprende el nombramiento de un administrador judicial, la ejecución de embargos preventivos, la prohibición expresa de venta de activos y la suspensión de la eficacia jurídica del contrato de venta de las fábricas.
En julio de 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital Group las factorías alumineras de San Balandrán (Avilés) y La Coruña; la operación fue el remate de un largo proceso que arrancó a finales de 2018, cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas y mandar para casa a los casi 700 empleados que trabajan en ellas. De haber llevado a cabo esa intención, el golpe al empleo se habría extendido a las empresas auxiliares, comprometiendo otros 500 puestos de trabajo más. La compañía justificó entonces su decisión de cierre en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones para alcanzar un umbral de competitividad y la difícil coyuntura que atravesaba el mercado del aluminio.
Sin embargo, Parter Capital tardó solo ocho meses y medio en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas en abril de 2020 por Grupo Industrial Riesgo, ya bajo la denominación de Alu Ibérica sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusan al nuevo propietario de carecer de un proyecto industrial solvente. Alcoa, la vendedora inicial,
La querella de la Confederación de Cuadros y Profesionales concluye que “los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguarda de los puestos de trabajo”.
El abogado que dirige la acción penal en nombre los Cuadros hubiera preferido que se decretase el ingreso en prisión de los detenidos por el riesgo de fuga de los mismos y la posibilidad de que destruyan pruebas; no obstante, ahora destaca que lo más importante es lograr el nombramiento de un administrador judicial para frenar el deterioro de los activos de las fábricas.
