Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han tomando hace apenas media hora y de forma simultánea las fábricas de Alu Ibérica (antes Alcoa) en Avilés y La Coruña. Investigan la venta de la fábrica a un presunto grupo criminal. Hasta la empresa de San Balandrán se desplazaron cinco furgones de UIP con agentes uniformados y al menos seis coches en los que iban policías de paisano. Los agentes han accedido a las oficinas con una orden judicial y han ordenado a los operarios parar la actividad y mantenerse en sus puestos, según ha podido saber este diario. El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, aseguró ante los medios de comunicación concentrados a la puerta de la fábrica: "No tengo mucha información de lo que están haciendo dentro (los agentes), pero intuimos que es por la denuncia que presentamos contra el proceso de compraventa de las fábricas". Aseguró que en estos momentos la actividad está parada, pero precisó: "Aunque aquí la actividad lleva parada bastante tiempo".
Los agentes confirmaron que la operación afectaba también a Madrid, Málaga y Castellón y que está relacionada con la presunta "despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de ALCOA en La Coruña y Avilés". En el marco de dicha operación se incluyen un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados. La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número Tres de la Audiencia Nacional en sus Diligencias Previas 57/2020 declaradas secretas y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones. En el operativo van a participar más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La raíz de esta operación viene de atrás. A finales de año, María Tardón Olmos, magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, admitió a trámite –en sintonía con lo dispuesto por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional– la querella que interpusieron cinco federaciones sindicales contra Alcoa, Grupo Industrial Riesgo, varias de las filiales de ese grupo, el fondo de inversión Parter Capital, su sociedad instrumental Blue Motion Technologies Holding y Alu Ibérica por el desarrollo de la venta de las fábricas de aluminio de Avilés a La Coruña y los hechos acaecidos desde que se formalizó esa operación.
Ahora bien, añadió entonces la magistrada, “teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella respecto de algunos elementos que resultan esenciales para una más precisa determinación de las conductas punibles, como la titularidad real de las dos factorías (Alu Ibérica Avilés y Alu Ibérica La Coruña), sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos puedan resultar relevantes para determinar su posible solvencia, así como los sucesivos cambios que se hayan producido en las mismas desde el inicio del proceso de negociación, se hace preciso recabar la incorporación de tales informaciones solicitando la intervención de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Y en esas supuestamente están ahora los agentes desplazados en Avilés y La Coruña.
A ellos se les ordena una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella y cuantos puedan guardar relación con el esclarecimiento de los hechos objeto de la misma, de forma previa a resolver sobre las diligencias de investigación propuestas en dicha querella. Y también le corresponderá a la UDEF investigar acerca de los posibles cambios que se hayan producido en la actividad de los gestores de Alu Ibérica, así como la existencia de cualquier investigación que por parte de las autoridades laborales y/o tributarias pudieran haberse seguido contra los querellados, o las consecuencias económicas, en su caso, con determinación de los perjudicados por esos hechos.
