“En esta crisis del aluminio quien se está comportando de una forma que no responde a la buena fe es la empresa Alcoa. Lo que habría que pedirles es que no enreden, que no intenten buscar enfrentamientos cruzados entre administraciones y trabajadores”, ha señalado hoy en Oviedo el Consejero de Industria, Enrique Fernández, el día previo al juicio previsto para mañana en la Audiencia Nacional. La vista está promovida por los sindicatos de las dos plantas de Alu Ibérica contra los incumplimientos del acuerdo de enero de 2019, el de la venta de las fábricas alumineras o el de la extinción de los contratos. “Si no tienen interés en mantener la actividad productiva de la planta, que la transfieran a algún inversor y si han hecho algo mal, que asuman las responsabilidades que se derivan de ello: lo que no puede ocurrir es que alguien se comporte de una forma alegal o no adecuada y que ahora lo que pretenda es eludir cualquier responsabilidad que se pueda derivar de estos actos. Esto, en este país, no se le puede permitir a nadie”, añadió.
Al respecto del juicio, la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo declaró: “La vista que se celebra mañana en el juzgado de lo Social de la Audiencia Nacional representa para la actual dirección de Alu Ibérica una oportunidad importante para demostrar el esfuerzo y poner en valor la gestión correcta que se está haciendo en las plantas”. Este juicio estaba previsto para el pasado febrero, pero dos de las sociedades vinculadas a la maraña montada para la adquisición de las fábricas de aluminio solicitaron tiempo para estudiar la demanda, que es lo que ve mañana. Para Alu Ibérica, los trabajadores lo que buscan es “recuperar las condiciones iniciales de despido que hace dos años planteó Alcoa para cerrar las fábricas en La Coruña y Avilés. Aquel acuerdo fue rechazado por los sindicatos y quedó definitivamente anulado tras la venta posterior de las plantas, una compraventa que incluía unas condiciones de empleo que, a juicio de los comités de empresa, no se están cumpliendo y que Grupo Industrial Riesgo puede demostrar que sí se cumplen”. Riesgo está enfrascada también en una investigación penal que dirige otro juzgado de la Audiencia Nacional por una presunta “despatrimonialización fraudulenta” de las empresas.
Riesgo acusa también a los comités de empresa de actuar contra el entramado societario de manera “hostil” y a continuación confirman que el presidente del de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, presentó una demanda “a título personal” en la que reclama “empleo efectivo”. Dicen los portavoces de Riesgo que el líder sindical tiene “cubierta en todo momento su jornada laboral”. No dicen nada, sin embargo, de las otras demandas presentadas con argumentos semejantes: “de más de un centenar de trabajadores”, señalan los sindicatos consultados. También explican que Riesgo llegó al “cásting” montado por Alcoa para vender sus fábricas ayudado por Juan Carlos López Corbacho, el presidente del comité de empresa de La Coruña, actualmente despedido. Riesgo dice que Corbacho “trasladó con detalle a los actuales propietarios la situación de las plantas y sus necesidades de viabilidad”.
Paralelamente a todo esto, la empresa Jofrasa pudo recuperar esta semana parte de la herramienta que tenía en las instalaciones de Alu Ibérica, la que tenía para atender el contrato de servicio de limpieza. La aluminera permitió el paso ayer a Jofrasa a cambio de que esta retirara la demanda correspondiente. Esto corre parejo a la deuda reclamada que llevó a Jofrasa a hacer un ERE a su plantilla de este contrato: algo más de 600.000 euros.
