La Audiencia Nacional se mostró diáfana a través de una sentencia que saltó antes de ayer: la multinacional Alcoa es la única responsable de la crisis del aluminio porque “nunca dejó de ser el empresario real de los trabajadores tras la compraventa de las plantas”, porque “vende, pero sigue siendo el único inversor al no constar siquiera cumplido por Parter (el fondo suizo que se hizo con las fábricas en primera instancia) el compromiso de apoyo financiero de los compradores fijado en el contrato”.
Y esto es así porque “en buena medida Alcoa pretende eludir sus responsabilidades cuando intenta involucrar al Gobierno de la nación o a los gobiernos de las comunidades autónomas de Galicia y Asturias en el resultado del proceso, tanto para justificar la selección del empresario comprador de las plantas de La Coruña y Avilés, como para excusar el fracaso de lo acontecido en promesas que dice no cumplidas sobre la rebaja del precio de la energía eléctrica”. Todo esto es lo que escribió el juez José Pablo Aramendi Sánchez, que fue el ponente de la sentencia que la oposición en la Junta General del Principado la lee de manera muy crítica contra el Principado, al que acusa de “ineficaz” y de “sumiso” al Gobierno de Pedro Sánchez.
El secretario general del Partido Popular en Asturias, el diputado Álvaro Queipo, señaló que la sentencia de la Audiencia Nacional “es una muestra más de la ineficacia del Gobierno regional a la hora de defender los intereses asturianos”. Explicó: “La situación crítica de Alu Iberica es en gran parte responsabilidad de este Gobierno al que le pedimos que intensifique los esfuerzos para lograr una solución para la factoría. No podemos permitirnos desmantelar nuestro sector industrial”.
La portavoz de Ciudadanos en la Junta, la diputada Susana Fernández, indicó: “Nuestro grupo ya manifestó que deberían depurarse responsabilidades empresariales y políticas, ya que la operación de venta contó en su momento con el aval del Ministerio y de la consejería de Industria, en contra de los intereses de la factoría de Avilés y, según se dijo desde el Gobierno, por ‘el carácter solidario de Asturias con la fábrica de La Coruña’”. Aseguró a continuación: “Esta sentencia viene a demostrar lo que ya presagiaba Ciudadanos ante la inacción del Gobierno de Asturias en la defensa de los intereses de la planta de Avilés. Un claro ejemplo, de cómo nuestra comunidad autónoma nunca se encuentra entre las prioridades del Ejecutivo nacional”.
Nuria Rodríguez, diputada de Podemos, aseguró: “La sentencia viene a evidenciar cómo Alcoa ha incumplido flagrantemente los acuerdos con los que se comprometió con los diferentes agentes sociales y con los distintos gobiernos, por tanto lo que exigimos es que la sentencia se lleve a cabo de manera inmediata porque los trabajadores no pueden seguir en esta situación ni un minuto más, y a partir de aquí, le pedimos al Gobierno asturiano que al igual que se hizo con otras empresas, se intervenga públicamente este sector aluminero, que es estratégico para nuestra tierra”.
La portavoz de Izquierda Unida (IU) en la Junta General, la diputada Ángela Vallina, mostró su satisfacción porque “se reconozcan los derechos a la plantilla de Alcoa”. Exigió al Estado que se comprometa a apoyar a través de la SEPI la continuidad de las factorías de la empresa. La portavoz parlamentaria, Ángela Vallina, resaltó asimismo el respaldo que este fallo supone para los trabajadores de la compañía. “Creemos que es una muy buena noticia. El fallo da la razón además a las críticas que, desde el principio, se realizaron a la venta, en contra del criterio de los sindicatos. Creo que la Ministra debería explicar por qué se empecinó en entregar el grupo a una compañía que, ahora se demuestra, no tenía como prioridad garantizar la viabilidad y el futuro de la empresa”.
El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, volvió a insistir: “Exigimos la intervención de la SEPI y la constitución de una mesa nacional en la que estén representados, además de los trabajadores, el Ministerio, los gobiernos de Asturias y de Galicia”. Y sobre la sentencia señaló: “La operación de venta contó con el visto bueno y la colaboración necesaria del PSOE, por lo que ahora no pueden dar la espalda a los trabajadores. La situación de Alu Ibérica se enmarca dentro del desprecio al que el Gobierno de España somete al Principado de Asturias y la incapacidad del Gobierno asturiano para poner los problemas de nuestra comunidad autónoma encima de la mesa del Consejo de Ministros”.
“La operación de Alcoa se cerró a favor de Parter por la sumisión del gobierno Barbón a los intereses de la Ministra de Industria y en contra del criterio de la plantilla que prefería a Quantum. El propio consejero de industria sabía que no era la mejor opción pero aún así secundó la decisión”, recordó Ignacio Blanco,portavoz de Vox.
