La maraña en que se encuentra Alu Ibérica (antigua Alcoa) desde hace dos años parece que sólo tiene una solución: conseguir que las dos fábricas (la de Avilés y la de La Coruña) se puedan vender por separado. Esta es una de las conclusiones que salió del encuentro telemático entre el consejero de Industria, Enrique Fernández, la directora general del ramo, Rosana Prada, y los portavoces de los cuatro sindicatos del comité de empresa de la fábrica de aluminio de San Balandrán.
El Principado, a través de una nota oficial, señala que Fernández había “trasladado a los representantes sindicales que las instalaciones son interesantes para la inversión empresarial y el desarrollo de un proyecto industrial en el sector del aluminio por un inversor solvente”.
José Manuel Gómez de la Uz aclaró que el Principado siempre habla de las instalaciones fabriles asturianas.
De hecho, que San Balandrán tiene mejores condiciones que A Grela, en La Coruña, es algo que los inversores que acudieron al “cásting” que organizó la multinacional Alcoa en el primer semestre del año 2019 ya habían manifestado. Sin embargo, Alcoa decidió vender el paquete entero al fondo suizo Parter Capital, el que dirige Rüdiger Terhost.
La posible venta de la fábrica pasa, sin embargo, por la declaración de un concurso de acreedores, una figura que sólo puede solicitar el administrador judicial, el economista Ramón Juega.
“En ese escenario, nuestra principal preocupación pasa, como hemos venido manifestando desde abril de 2020, por el mantenimiento del empleo y de las capacidades industriales de la planta mediante el desarrollo de un plan de inversiones que garantice a largo plazo la producción de aluminio y los puestos de trabajo. Mientras tanto, en coordinación con el Ministerio de Industria, vamos a seguir trabajado en la búsqueda de soluciones y seguiremos al lado de los y las trabajadoras de Alu Ibérica”, señaló Fernández.
Los representantes sindicales aplaudieron “el realismo con el que el Principado trata el tema ahora” y es que, aseguran, ya están cansados de recibir buenas palabras.
“Se ha hecho durante toda esta crisis todo lo que está en nuestra mano dentro de nuestras competencias y medios, y lo seguiremos haciendo”
“Queremos soluciones serias, no estamos para cuentos”, advirtió De la Uz.
O sea, que para vender las fábricas es necesario que Ramón Juega concluya el informe que le ha encargado la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, la jueza María Tardón. Se trata de un informe contable de la situación en que se encuentra la empresa después del año y pico pasado bajo la gestión de Víctor Rubén Domenech y de su socia, Alexandra Camacho. Ambos fueron retirados de la dirección de la empresa a comienzos de este mes de agosto.
María Tardón los investiga como presuntos autores de un delito de descapitalización fraudulenta.
La situación en que se encuentra la fábrica es con la producción parada temporalmente (desde el 5 de julio, nada de nada). Los trabajadores, por su parte, tienen un permiso retribuido, es decir, no acuden a su puesto de trabajo, pero cobran. La empresa desde que está Juega al mando se ha puesto al día con sus empleados: pagó la nómina de julio a los que habían dejado atrás, la paga de verano y, estos días, ha ingresado la nómina de agosto.
“Hemos reclamado la vuelta a la actividad, pero eso solo es posible si existe una capacidad de financiación de la que ahora carecemos”
“Pero no podemos seguir así mucho tiempo. Reclamamos la posibilidad de recuperar la actividad, para ello es preciso poder comprar chatarra, pero carecemos de la capacidad de comprar. Pedimos que haya una posible financiación para volver a la actividad”, señaló De la Uz. Esta posibilidad está encima de la mesa, aunque el Principado señaló: “Se ha hecho todo lo que está en nuestra mano dentro de nuestras competencias y medios y lo seguiremos haciendo”. Es decir, que la petición está en estudio.
La fábrica de Avilés cuenta con varias losas que Ramón Juega trabaja para desmontar. La principal de ellas es la factura acumulada de energía eléctrica: de poco menos que medio millón de euros. Además, carece de servicio de medicina del trabajo porque Domenech y Camacho no pagaron su servicio. Y, además, también carece de servicio de limpieza. Este caso es singular: la empresa Logiplus, de Domenech y Camacho, dice que Alu Ibérica, también de ellos, no les paga.
