El administrador judicial de Alu Ibérica (antigua Alcoa), Ramón Juega, transmitió ayer por la tarde, vía telefónica, al presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, que dada la cantidad de embargos, deudas y compromisos económicos pendientes de atender que están siendo descubiertos, y teniendo en cuenta que esta situación pone en “profundo riesgo” la continuidad de la planta se ve obligado a solicitar un preconcurso de acreedores para minimizar el impacto y poder mantener la fabrica a flote.
El preconcurso de acreedores es un procedimiento que puede adoptar cualquier empresa en situación de insolvencia para evitar la situación concursal. Esta figura jurídica permite a las sociedades que se acogen a ella disponer de tres meses para llegar a un acuerdo y evitar llegar a la fase concursal. En consecuencia, lo que el administrador de Alu Ibérica plantea es ganar tiempo para tratar de que las ejecuciones de deuda y embargos –que ahora quedarán en suspenso– se “coman” los activos de la empresa impidiendo un hipotético reflotamiento.
Durante la etapa preconcursal, la empresa continúa con su actividad y los acreedores pueden pactar acuerdos para cobrar sus acreencias. A partir de la comunicación al juzgado correspondiente de la situación de insolvencia, se abre un período de tres meses que es el denominado preconcurso de acreedores. Durante esta etapa, la empresa puede suscribir acuerdos de refinanciación que le permitan evitar el concurso.
Por parte sindical, la medida ha sido interpretada como “prudente y objetiva” y enfocada a tratar de salvar la factoría, lastrada gravemente por la gestión que llevaron a cabo los compradores sucesivos de la misma (Parter Capital y Grupo Riesgo) después de que la multinacional Alcoa la vendiese en 2019 previa comunicación de su deseo de cerrarla por falta de rentabilidad.
Este diario ya informó hace un año de que la deuda que acumulaba Alu Ibérica en la fábrica de Avilés con la gestión de Grupo Riesgo era galopante: 5,5 millones, diez en aquella fecha uniendo los impagos de la factoría de La Coruña. La situación, que no hizo más que empeorar desde entonces, llevó a varios de los acreedores a promover reclamaciones judiciales en salvaguarda de sus intereses.
Al margen de la solicitud del preconcurso de acreedores, el administrador judicial de Alu Ibérica también prepara la documentación para tramitar, previa negociación con la plantilla, un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) del personal, cuyas percepciones salariales están en peligro por la falta de ingresos de la empresa. El comité de empresa espera la convocatoria para empezar a negociar.
