Manuel Ángel García (Arnao, Castrillón, 1964) todavía se emociona cuando recuerda el anuncio de la inversión que llevaba tantos años reclamando, la puesta a punto del Juzgado de paz de Castrillón. Poco le ha durado la alegría. La ministra de Justicia Pilar Llop inauguró las instalaciones a principios de agosto y apenas mes y medio después anunció en el Centro Niemeyer de Avilés el plan para modernizar el sistema judicial, que implica la transformación de los juzgados de paz en oficinas municipales y el cese de quienes las dirigen. En Asturias hay 60 jueces de paz y su portavoz es el castrillonense Manuel Ángel García, vocal de la Federación Española de Asociaciones de Justicia de Paz.
–Hace años que vienen advirtiendo de que quieren suprimirlos. ¿Cree que con esta nueva reforma llega la estocada definitiva?
–Si nadie lo remedia, estamos sentenciados por el Gobierno, por la Ministra de Justicia y por esta ley que está en tramitación parlamentaria.
–Dice que los jueces de paz vienen sufriendo una sucesiva eliminación de competencias desde tiempo atrás. Explíquese.
–En 2015 se nos quitaron las competencias en materia penal. Hacíamos juicios de faltas y ya no los hacemos. Se nos quitaron las competencias del Registro Civil, aunque seguimos ejerciéndolas las vamos a perder en breve. ¿Qué es lo único que hacemos todavía? Los actos de conciliación. Con mucha satisfacción por parte de los vecinos, que me consta, intentamos avenir a vecinos, a hermanos, a gente que necesita una persona que ya no va a haber: el hombre bueno que decía la Constitución de Cádiz, se va a eliminar. No va a haber ese referente en el pueblo al que acudir para solucionar los litigios de poca entidad.
–¿Y ahora qué?
–Estamos informando de lo que implica esta reforma y apelaremos a los ayuntamientos para que salgan en defensa de los jueces de paz. Las oficinas seguirán funcionando, pero no va a haber ese referente, esa persona que atendía amablemente y que ponía su buena voluntad de una manera totalmente desinteresada para solucionar esos pequeños problemas cotidianos en los que nadie repara y que son mucho mas problemáticos de lo que parece.
–Lo que vende el Ministerio es todo lo contrario, que se quiere modernizar el modelo.
–Yo me puedo poner como ejemplo. Le aporto datos de los últimos años que tuvimos competencias en materia penal. De 2006 a 2015 se instruyeron en este juzgado de paz de Castrillón, que tiene 22.500 habitantes, 94 autos de juicio de faltas de los que llegaron a sala 64. De ellos solo se interpusieron 10 recursos a mis sentencias y prosperaron dos, y solo parcialmente. Se recurrieron el 15,7% de las sentencias que dicté y solo prosperaron el 3,2% de las mismas. Si esto no es eficiencia... No sé en qué otra instancia se pueden dar estas cifras.
–¿Fallaba y acertaba?
–La satisfacción de los vecinos era grande. Se solucionaron los pequeños problemas de convivencia de casi el 97% de los vecinos que acudieron a esta ventanilla a pedir justicia. Y estamos en un momento de alta litigiosidad, en eso tiene razón la Ministra, pero que se resuelven en un acto de conciliación. Por ejemplo, la semana pasada se celebraron aquí seis actos de conciliación en Castrillón. Es algo que los vecinos demandan. Aquí se pagaron gallinas porque las había matado un perro que se soltó de un vecino, se abonaron muebles que se quedó una parte tras un fallecimiento, se abrazaron hermanos y lloraron como piperas después de años enfadados tras resolver un litigio de propiedad que los mantuvo separados quince o veinte años. Esa forma de hacer justicia va a desaparecer con los jueces de paz.
–¿Qué pide al Gobierno?
–Reconozco que es necesaria la modernización de la justicia, pero siempre hemos estado dispuestos a colaborar y a plantear propuestas para renovar nuestro trabajo. Una prueba evidente de la pérdida de competencias y de la falta de interés por nuestro funcionamiento es el juicio verbal civil, el juicio al que se recurre para reclamar una pequeña cantidad de dinero. Estaba en 15.000 pesetas antes del euro, ahora en 90 euros y ahí sigue. ¿Quien va a acudir a un juzgado de paz a reclamar en un litigio esa cantidad? Nadie. Nunca se quiso subir. En el acto de conciliación podemos resolver recursos de hasta 6.000 euros. ¿Por qué no se sube como en otros países y se resuelven litigios con cantidades importantes, sin falta de gastar dinero e ir a juicio? La justicia de paz descarga de trabajo a los jueces de carrera. Nos han ido quitando competencias y ahora, como no las tenemos, nos quieren quitar de delante. También pedimos al Ministerio participar de la resolución extrajudicial de conflictos.
–¿Quieren ser mediadores?
–Siempre hemos defendido que como jueces que somos, no queríamos la solución extrajudicial, pero si nos van a quitar todas las competencias, ¿por qué no se cuenta con nosotros para eso? Sabemos avenir a las partes, tenemos el tacto suficiente para tocar los asuntos con delicadeza. ¿Ese bagaje cultural se va a perder? Parece que sí. Veo la voluntad de desterrar la justicia de paz en España y a los jueces de paz. Se quiere eliminar al juez de paz por razones políticas. Queremos negociar una salida a esto. Nos postulamos para ser esos mediadores que puedan llevar a cabo las mediaciones extrajudiciales de conflictos. Tenemos experiencia.
–Dice que en Europa se potencia la justicia de paz y aquí se entierra.
–Así es. Y no olvidemos el Estatuto Europeo de jueces legos y mediadores que se firmó en mayo de 2012 en Bruselas. Lo que se pretendió fue dar amparo legal a la figura del juez de paz en toda Europa y se consiguió. ¿Va a ser España el primer país firmante de este estatuto que lo abandone?
–Conclusión: quieren formar parte de esa modernización de la justicia.
–Efectivamente. Queremos ser parte de la solución.
–¿Cómo?
–Siendo escuchados, con el reconocimiento de nuestra labor pasada, actual y futura. Y porque servimos para algo y la experiencia lo demuestra, en caso de que finalmente tenga que desaparecer la justicia de paz, que se nos tenga en cuenta para la resolución extrajudicial de conflictos que se está planteando. Nadie acerca más la justicia al justiciable, al ciudadano, que el juez de paz. Es la persona y la cara amable que recibe y hace suyos los problemas de los ciudadanos porque los padece igual que ellos.
