La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha ordenado a los directivos del Grupo Industrial Riesgo que están imputados en el caso Alcoa que restituyan “las cantidades detraídas por importe total de 13.000.000 euros con origen en las pólizas de crédito suscritas por las sociedades titulares de las plantas de producción”, según consta en un auto de 28 de septiembre, al que ha tenido acceso “El Periódico de España”, del mismo grupo editorial de LA NUEVA ESPAÑA. En la resolución la magistrada especifica que el “único destino” de este dinero debe ser “garantizar la existencia de fondos para financiar las operaciones de circulante propias de la actividad de las plantas”.
Por eso, la intención de Tardón, que considera que esta operación financiera “contraviene claramente la prohibición de asistencia financiera” prevista en la ley, es obligar a los actuales dueños de las dos antiguas fábricas de la multinacional –Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC– a que “procedan a reponer sin dilación alguna el compromiso de apoyo financiero a las plantas de producción” de Avilés y La Coruña.
De esta forma, completa el auto, podrá “ser afrontado el pago de nóminas y demás conceptos salariales, así como otros gastos imprescindibles para garantizar los servicios indispensables y la indemnidad de las instalaciones (suministros, telefonía, servicio de seguridad, etc.)”. Además, el administrador de la compañía instrumental deberá dirigirse al Juzgado Central de Instrucción número 3 para “indicar el motivo por el cual no se han presentado los Impuestos sobre Sociedades del ejercicio 2019 de las sociedades Iberian Green Aluminium Company SL, Alu Holding AC Spain, Alu Holding AVL 2019 Spain SLU, Alu Ibérica LC y Alu Ibérica AVL”.
En el auto la magistrada pone de manifiesto también que hasta el momento tanto las comunicaciones realizadas por el Juzgado Central al Grupo Industrial Riesgo, que carece de personalidad jurídica, como las dirigidas al resto de sociedades presuntamente implicadas, entre ellas el despacho de abogados Ackermann and Schwartz Attorneys at Law, no han podido ser entregadas por tener un destinatario “desconocido”.
ERTE admitido
Además, la magistrada María Tardón ha autorizado al administrador que nombró para sacar del agujero en que se encuentran las fábricas de aluminio de Avilés a comenzar las negociaciones para llevar a cabo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) tanto para el Alu Ibérica Avl como para Alu Ibérica LC.
Lo argumenta en el sentido que las circunstancias actuales en que se encuentran las dos fábricas (sin producir al menos desde el día 8 de julio, con los trabajadores con permiso retribuido, pero sin haberlo cobrado) obliga a activar la medida regulatoria que, lo señala la misma jueza, permitirá a los trabajadores pedir los subsidios de desempleo, una ventaja sobre su presente actual: sin cobrar porque en las cuentas de las fábricas el delegado de María Tardón, Ramón Juega, sólo ha encontrado dinero para pagar la nómina de agosto, la extra de julio y las nóminas de los trabajadores excluidos por los dueños en julio.
Además, continúa la jueza, la regulación de empleo “evitaría seguir generando gastos de personal que actualmente no pueden ser atendidos”.
La regulación de empleo es una situación muchas veces anunciada y vaticinada tanto por los representantes de los trabajadores como por las autoridades políticas corresponsables de la crisis del aluminio, que ya supera va para tres años desde que la multinacional Alcoa anunciase su intención de cerrar sus fábricas de Avilés y de La Coruña. Ahí fue, según una sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, cuando el agujero comenzó a profundizarse hasta el punto presente.
Una operación "poco aconsejable"
De hecho, la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala en un informe al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, que creen que “poco aconsejable” el inicio de la operación (de Alcoa a Parter, en julio de 2019) y a este respecto ahondan que la empresa que preside en España Álvaro Dorado consintió el segundo paso (de Parter a Grupo Riesgo, en abril de 2020) “como demuestra el hecho de haber liberado los fondos que fueron consignados notarialmente ante el incumplimiento del contrato por parte del comprador inicial”. O sea, que la Policía Nacional apunta a los primeros dueños de haber urdido el enredo en que se encuentran sus extrabajadores desde que consintieron la venta al fondo de capital suizo que dirige Rüdiger Terhost.
Se da la circunstancia, sin embargo, que la multinacional norteamericana señala en el recurso que presentó ante la sala de lo social del Tribunal Supremo el pasado día 22: “Resulta extraordinariamente revelador que la sentencia recurrida –la que le señala como culpable de la venta fraudulenta de las fábricas– prescinda de forma radical de una ingente cantidad de documentación aportada de forma anticipada a los autos del procedimiento”.
Se refiere los servicios jurídicos de la multinacional al hecho de que la operación que ha generado este lío de tres años –la crisis económica más grave de la comarca de Avilés– se llevó a cabo a “a instancias e impulsado por el Ministerio de Industria, gobiernos de comunidades autónomas, sindicatos y representantes de los trabajadores”. Y apuntan que existía “un conocimiento indubitado” de quiénes eran los de Parter.
