Logiplus Worldwide es la empresa de limpieza de la entidad comercial Grupo Riesgo –propietaria de las plantas de Alu Ibérica de Avilés y La Coruña–, pero también fue la herramienta usada para elevar los costes de las dos alumineras. O esto es lo que, al menos, sostienen los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tras el análisis de los papeles requisados el pasado 4 de marzo, que fue cuando la Policía Nacional tomó por orden de la magistrada titular del Juzgado Central instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, todas las sedes sociales de las empresas vinculadas a Riesgo, es decir, a Víctor Rubén Domenech (que también responde como David) y a su socia (Alexandra Camacho).
Del análisis policial de esos papeles los agentes deducen sobrecostes “completamente prescindibles” en la compra de chatarra –materia prima fundamental para hacer aluminio secundario, lo que Riesgo llamaba “aluminio verde”– para la fábrica de Avilés. La UDEF señala que éstos llegaron a sobrepasar el 17 por ciento. A este propósito los agentes señalan, en un informe al que ha tenido acceso este periódico, que la intervención de Logiplus Worldwide en la operación de compra “no aporta ningún valor añadido al producto” porque la mercancía que llegaba a San Balandrán lo hacía directamente desde el centro de provisión, el de toda la vida.
Logiplus Worldwide, apuntan los policías, es una sociedad que se fundó en 2016, bastante antes de que comenzara el caso de descapitalización fraudulenta de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña que investiga la Audiencia Nacional tras una denuncia de los sindicatos.
Diego Peris Sirvent es el que figura como titular de la compañía; de hecho, es una de las cuatro personas que fueron detenidas en la operación de requisa del pasado 4 de marzo (las otras son Domenech, Camacho y Luis Losada, que figura como administrador de la sociedad instrumental que utilizó Riesgo para hacerse con el 74,6 por ciento de las fábricas de aluminio, el porcentaje que le vendió Parter Capital a comienzos de abril de 2020). En un principio, se dedicaba a la consultoría inmobiliaria, después a la compra de metales y terminó añadiendo a sus estatutos, la limpieza industrial de las fábricas (presentó un ERE de extinción de empleo de sus 14 trabajadores que entró en vigor el pasado 23 de septiembre, aunque está fiscalizado por la Inspección de Trabajo, porque la empresa Alu Ibérica había dejado de pagar sus servicios, es decir, porque la fábrica no le pagaba y no lo hacía, porque había dejado de producir el pasado 8 de julio).
Antes de llegar a este punto, en la empresa Logiplus figuraba como director de compras (en el organigrama que de Alu Ibérica había diseñado) Carlos Núñez, director general efímero de las plantas (lo fue poco menos de un mes). Lo que explican los policías es el método utilizado presuntamente por los hombres de Víctor Rubén Domenech para llevar a cabo el vaciado de las arcas de la aluminera de Avilés. Este método es el siguiente: varios proveedores venden chatarra o perfiles a Logiplus y esta, a su vez, factura exactamente lo mismo que ha comprado a las plantas alumineras de Avilés y La Coruña “sin aportar valor añadido alguno, pero encareciendo el precio final”.
Este método lo repitieron muchas veces: los policías dicen que han analizado “un elevadísimo número de facturas” que emitió Logiplus en contra de las dos fábricas. Los agentes dicen que la chatarra llegaba a Avilés, pero luego lo facturaba Logiplus. Ponen de ejemplo la compra 14 toneladas de chatarra que llegaron en septiembre a Avilés después de que Logiplus pagara por ellas 1.300 euros el kilo y Alu Ibérica, a su vez, abonó por los mismos: casi 1.600.
