El concurso de acreedores de Alu Ibérica se perfila como uno de los más complejos y más largos que se haya conocido en los últimos tiempos, según coincidieron en señalar los juristas consultados especializados en esta materia. En el transcurso de resolución se dilucidará, además, si fue fortuito o culpable, y en este caso se apuntará quién o quiénes llevaron a la empresa a esta situación. El consejero de Industria, Enrique Fernández, insistió ayer en responsabilizar a Alcoa, la antigua propietaria, y exigió que se depuren responsabilidades. De momento, aún no se ha presentado oficialmente la solicitud del concurso voluntario.
Los juristas consultados coincidieron en que la resolución del concurso de Alu Ibérica se facilitaría si existen realmente inversores interesados en adquirir la compañía, aunque también señalan que la situación será mucho más complicada si se intentan vender las fábricas de Avilés y de Galicia como una sola unidad productiva. “Sería más fácil suscitar interés si las venden por separado, porque las circunstancias de cada fábrica serán distintas”, señaló uno de ellos –todos reclamaron anonimato al desconocer el expediente–.
Ignacio Esmorís, abogado mercantil experto en preconcursos y concursos de acreedores en el despacho Ontier, coincidió en la dificultad del proceso. De momento, explicó, hay que solicitar oficialmente el concurso voluntario de la empresa, acompañado de abundante documentación: una memoria jurídica y económica de la sociedad explicando las causas que llevan a realizar la solicitud, además de un inventario de activos, el listado completo de acreedores, las cuentas de los tres últimos ejercicios económicos y un balance de la situación reciente lo más actualizado posible, entre otra documentación.
A continuación, se declara el concurso de acreedores y se puede dar la situación de que se vaya a un convenio o a la liquidación. En ambas situaciones se puede plantear la compra de alguna unidad productiva por algún inversor interesado.
El administrador concursal que se designe analizará toda la documentación al detalle y elevará un informe provisional exponiendo la situación real exhaustiva de la compañía y las causas que han llevado a la solicitud de concurso. Con todo ello, lo habitual es que se puede ir a una fase de convenio con los acreedores o bien a la liquidación de la sociedad. Podría darse la situación de que las fábricas se vendieran como unidades productivas independientes. Ahora bien, con la fase de liquidación podría llegar la extinción de la relación laboral con los trabajadores y, extinguidos los contratos pudiera no darse la situación de subrogación.
Va a ser un proceso muy complejo y muy largo por sus propias características, que puede conllevar además consecuencias si el administrador concursal resuelve que es un concurso culpable, porque debe decir quién o quiénes llevaron a la empresa a esa situación y se les condena a restaurar la cuantía que ha provocado la insolvencia. En algunas ocasiones, incluso se puede trasladar a la Fiscalía para que se aclare si se deben depurar responsabilidades penales.
Precisamente ayer, el consejero de Industria, Enrique Fernández, señaló que avanzar hacia el concurso de acreedores era lo previsto. Y añadió que “deben derivarse responsabilidades de esta declaración porque se ha traicionado la buena fe de la sociedad asturiana, de la empresa y de los trabajadores, e incluso del Ministerio de Industria”. Fernández apuntó directamente a la antigua propietaria. “Ya hemos venido diciendo qe la responsable es Alcoa y que judicialmente se deben depurar responsabilidades”, afirmó.
