Un nuevo sobresalto económico ha puesto en guardia a los miembros del comité de empresa de Alu Ibérica (antigua Alcoa): los siete trabajadores declarados como “esenciales” por la dirección de la empresa, y por esa condición excluidos del ERTE presentado a la autoridad laboral, no han cobrado la nómina de noviembre. Los siete afectados trabajan en las áreas de mantenimiento y oficinas y prestan servicios tenidos por importantes para evitar daños mayores a los ya producidos en la aluminera de San Balandrán.

Cuando se acordó aplicar un ERTE a la plantilla para garantizar, al menos, la percepción del desempleo, lo convenido para esos siete trabajadores que seguirían en activo fue que quedaba dinero en caja para hacer frente al pago de sus salarios durante el tiempo que durase el ajuste laboral. Pero el dinero se ha agotado al cabo de un mes.

Miembros del comité de empresa de Alu Ibérica se reunieron ayer con el administrador judicial, Ramón Juega, al objeto de pedirle explicaciones y la respuesta obtenida fue que el pago de una serie de gastos fijos y otros imprevistos habían reducido a cero el saldo de la caja, ya muy deteriorado por la falta de ingresos desde hace meses (la producción está parada desde septiembre) y por la presunta rapiña que practicaron los anteriores gestores y que investiga la Audiencia Nacional.

El escenario, ahora, ofrece dos salidas: incluir a los siete trabajadores “esenciales” en el ERTE e ir sacándolos –a ellos o a otros– en función de las necesidades laborales o vender “activos ociosos” (así los definió el administrador judicial) para obtener dinero con el que poder pagar los sueldos.

“En cualquiera de los casos, la situación es catastrófica. El volumen de deudas es ingente y las posibilidades de generar recursos, exiguas. Esta es la herencia que ha dejado Grupo Industrial Riesgo (el anterior gestor)”, manifestó tras la reunión con Ramón Juega el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO).

En otro orden de cosas, el administrador ha confirmado a los sindicatos la presentación de los documentos solicitando la declaración de concurso de acreedores tras la autorización del mismo por parte de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, la instructora de la investigación abierta tras la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con la supuesta venta fraudulenta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña.