En la noche de los Reyes Magos reapareció Víctor Rubén Domenech, el propietario de Alu Ibérica cuya gestión (y la de su socia, Alexandra Camacho) investiga la Audiencia Nacional. Esta reentrada la hizo, presuntamente, por medio de una comunicación con firma, pero sin emblema identificativo de cualquiera de las empresas que aún administra (Alu Ibérica e Iberian Green ahora están en concurso de acreedores, es decir, controladas por el juzgado de lo Mercantil de Oviedo).
El redactor de la carta se ofrece a solucionar el marabayo que hay montado en Alu Ibérica desde hace tres años, un lío del que, según su punto de vista, es culpable Ramón Juega. Se da la circunstancia de que el abogado coruñés cogió los mandos de la aluminera este agosto pasado y que lo hizo por orden de la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional. Esta orden la dio después de que los interventores judiciales hubieran constatado –a su juicio– decisiones tomadas enfocadas a la descapitalización fraudulenta de la empresa.
La carta atribuida a Domenech tiene como dirección de envío la sede comarcal de Comisiones Obreras. En ella se puede leer que su firmante está dispuesto a retomar la gestión de la aluminera de tal modo que se compromete a poner el dinero suficiente para sacar a las plantas de la parálisis y mantener los 250 puestos de trabajo.
El pasado 8 de julio uno de los directivos de Domenech (todavía este estaba al frente de su poder ejecutivo) ordenó apagar el último horno de fusión de aluminio. Desde entonces no salió ni un gramo más de Avilés.