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La Mesa por la Industria reclama al Gobierno que sea “claro y transparente”

La comarca exige al Gobierno que dé certidumbre a las electrointensivas con la tarifa eléctrica para que el aluminio tenga futuro

Cartel de la fábrica de Alu Ibérica, el jueves, durante la última asamblea de trabajadores. | Ricardo Solís

La crisis del aluminio ha tocado de lleno a la Mesa por la Industria, el órgano que crearon los sindicatos mayoritarios, la Cámara de Comercio y los alcaldes de la comarca de Avilés para lanzar mensajes comunes en favor del porvenir económico local. En este sentido se manifestó ayer. Lo hizo a través de una nota de prensa en la que reclamó al Ministerio de Industria “que sea claro y transparente en la definición de su apoyo a los posibles inversores” en la fábrica de Alu Ibérica de San Balandrán.

Y es que eso –claridad y transparencia– es lo que echan de menos los 250 trabajadores de la aluminera, ahora, con la amenaza de un despido colectivo sobre la mesa ante la ausencia de capital en las cuentas de la compañía propiedad del investigado por la justicia Víctor Rubén Domenech.

Esta misma Mesa exigió también a las administraciones que definan “cómo va a dar certidumbre a la tarifa eléctrica de la industria electrointensiva para que, de cara al futuro, sea viable la producción de aluminio primario”. Esta exigencia viene dada a propósito de una colección de promesas incumplidas por parte del departamento de la ministra Reyes Maroto.

En un principio aseguró que iba a definir el marco por el que las grandes consumidoras de energía se iban a beneficiar de un precio regulado. Retrasó su redacción más tiempo del que estaban dispuestas las grandes empresas a aceptar. Cuando lo aprobó finalmente no se parecía a lo que había vaticinado. Industria dijo que era mejor: que beneficiaba a más empresas. Lo singular es que las que no podían sumarse a los pretendidos beneficios eran las que más consumían (la comarca de Avilés cuenta con tres de las mayores de España: aparte de Alu Ibérica, Asturiana de Zinc y Arcelor).

Por todo ello, la Mesa reclama al Ministerio de Reyes Maroto y al Principado de Asturias “un esfuerzo sin tactismos cortoplacistas por parte de nadie”. Y es que esto es lo que han vivido en carne viva los trabajadores estos últimos meses. Primero iban a llegar inversores (así, en general), luego eran dos internacionales y dos nacionales y, al final, son siete (dos de ellas, arrimadas al Ministerio por parte de la Consejería de Enrique Fernández, es decir, el departamento de Industria).

“A criterio de la Mesa por la Industria, en la selección del posible inversor se debe priorizar la viabilidad económica, los puestos de trabajo y la solvencia y trayectoria industrial de los ofertantes”, señala en la misma nota. Por el momento, los administradores concursales trabajan con un proyecto a corto plazo: conseguir que los trabajadores acepten el despido colectivo (20 días por año trabajado) para, después, beneficiarse de la sentencia que ellos mismos ganaron en la sala de lo social de la Audiencia Nacional y que hace a la multinacional Alcoa (la empresa que abrió la espita de la crisis del aluminio ) responsable de llevar a cabo el plan social que acordó con los trabajadores el 15 de enero de 2019, es decir, sesenta días por año trabajado.

Esto mismo es lo que el jefe de gabinete de la Ministra, Juan Ignacio Díaz Bidart, y el secretario general de Industria, Raúl Blanco, sugieron este miércoles a los trabajadores: que aceptaran el despido masivo como paso previo a una presunta nueva contratación en cuanto el nuevo inversor se hiciera con las instalaciones fabriles avilesinas. Y es que una de las cosas que quedaron diáfanas este miércoles es que los presuntos ofertantes pueden estar interesados en las instalaciones, pero no en las plantillas.

“No se puede dejar desaparecer unas infraestructuras e instalaciones como las de la antigua fábrica de Alcoa en Avilés, ni dejar en la calle a una plantilla joven y altamente cualificada, castigando, una vez más, a una comarca necesitada de más empleo industrial y más crecimiento demográfico”, concluyen los componentes de esta Mesa por la Industria que advierte “que el tiempo se acaba”.

Los componentes de la Mesa por la Industria avisan que están dispuestos a colaborar “con todos los actores que intervienen en este complejo proceso”. Esto no obsta para que el nuevo órgano comarca abandone la naturaleza para la que nació: “Seremos muy exigentes con las decisiones que se tomen”.

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