El diputado socialista asturiano Jonás Fernández ha llevado al Parlamento Europeo la situación de los trabajadores de la fábrica de Alu Ibérica (antes Alcoa). Durante su intervención en el pleno de Estrasburgo, Fernández expresó el respaldo de la Eurocámara a las familias afectadas por el ERE de extinción que afecta a la plantilla de la empresa aluminera y ha pedido a “la Europa que protege” que encuentre vías de apoyo para estos trabajadores.
Tal y como ha subrayado Fernández, que en noviembre de 2018 acompañó a los representantes del comité de empresa en una vista en el Tribunal de Róterdam por su demanda contra la aluminera estadounidense, “en los últimos años se han sucedido ventas fraudulentas, nuevos propietarios carentes de proyecto industrial real para la planta o levantamientos de bienes”.
Esta situación, que está en manos de la Audiencia Nacional española, se ha producido tras el anuncio, en octubre de 2018, del cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y La Coruña y el despido colectivo de la plantilla. Las más de 250 personas empleadas en la planta avilesina luchan desde entonces por mantener sus puestos de trabajo.
La situación de la plantilla de Alu Ibérica se torna cada día más agónica. El final de la crisis del aluminio pasa por el despido masivo de todos los trabajadores de Alu Ibérica; eso es lo que plantearon los administradores concursales a los representantes de los trabajadores tras haber buscado infructuosamente una solución al agujero que dejó la gestión investigada por los dueños de la fábrica –David Domenech y Alexandra Camacho, ambos imputados por la Audiencia Nacional en la causa de descapitalización fraudulenta de la aluminera de Avilés–.
En paralelo se mantiene abierta la puerta a la llegada de algún inversor interesado en mantener la actividad de la fábrica de Alu Ibérica, que está a la venta porque esa es la única manera de atender la reclamación dineraria de los 600 acreedores que cosechó Domenech en el año y pico que estuvo al frente del negocio. Los administradores concursales han atendido 16 peticiones de información. Sin embargo, solo dos tienen visos de verosimilitud y, encima, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, los dos grupos (nacionales) podrían aliarse para desarrollar un proyecto común para el que no contarían con los empleados de Alu Ibérica.
El Ministerio de Industria, al que se exige que mueve ficha, se mantiene a la expectativa, sin iniciativa alguna conocida.
