La multinacional Alcoa manifestó ayer por la mañana su disposición a pagar casi treinta millones de euros a sus extrabajadores de Avilés (y otro tanto más a los de La Coruña) para salir indemne de la batalla judicial abierta por los sindicatos a propósito de la crisis del aluminio abierta por la propia firma en noviembre de 2018. Tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, el acuerdo que alcanzaron la aluminera que preside Roy Harvey y las dos administraciones concursales de Alu Ibérica exige que todos los trabajadores (los de Avilés y los de La Coruña) acepten retirar sus reclamaciones judiciales para poder cobrar.
Si los trabajadores, finalmente, aceptan la propuesta de Alcoa y de las dos administraciones concursales, recibirán indemnizaciones de sesenta días por año trabajado sin límite alguno de mensualidades y, además, 10.000 euros lineales (lo recogido en el acuerdo de enero de 2019, cuando la multinacional planteó despedir a su plantilla si no conseguía vender las fábricas). A este dinero añadirán, asimismo, la cantidad que salga de calcular veinte días por año trabajado con límite de doce mensualidades y que corresponde a la indemnización del despido masivo que defiende desde el pasado 30 de diciembre la administración concursal que, en Avilés, está a cargo de los despachos ovetenses de Miguel Gómez Gordillo y GdP Legal.
“Estamos en la calle y abandonados por la administración pública, sin ningún proyecto industrial posible para la fábrica. Nosotros, el comité de empresa, vamos a presentar el acuerdo a los trabajadores para que ellos decidan cómo quieren planificar su futuro”. señaló José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comtié de empresa de la planta aluminera de San Balandrán. Lo previsto es que los trabajadores conozcan la semana que viene el detalle del acuerdo que se ha ido cociendo a fuego lento y de forma discreta “en las últimas semanas”.
Alcoa, señalan desde la multinacional, “propone una transacción global muy razonable que permita una pronta solución a los distintos procesos judiciales surgidos como consecuencia de las actuaciones de los propietarios posteriores de las plantas”. Estos procesos son dos: una instrucción penal que está llevando a cabo María Tardón, que es la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, y en la que están investigados la cúpula de Alcoa España (Álvaro Dorado y Christine Keener) y los propietarios actuales de la planta (Víctor Rubén Domenech, Alexandra Camacho y dos de sus hombres: Luis Losada y Diego Peris). La otra vía es la laboral y cuenta con una sentencia de la sala de lo social también de la Audiencia Nacional. El pasado junio la multinacional Alcoa fue condenada a cumplir el acuerdo de enero de 2019 (en puridad, el mismo de ahora) porque la “reindustrialización de las plantas y mantenimiento del empleo mediante su compraventa a un empresario serio, solvente y riguroso no se ha llevado a cabo de acuerdo con lo pactado”. Esta sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.
Lo que pide Alcoa es que los trabajadores desistan en su lucha judicial abierta en la vía social y que se bajen de la penal en lo que se refiere a la empresa o a sus dirigentes. Esto no quiere decir que se dé carpetazo a la investigación que se refiere a la descapitalización fraudulenta de las fábricas que María Tardón trata de desentrañar con Domenech como principal protagonista. De hecho, Alcoa mantiene un procedimiento contra Parter Capital porque considera que no cumplió el contrato de compra de las fábricas (la multinacional vendió al fondo que dirige Rüdiger Terhost).
El pacto que ahora está sobre la mesa trae consigo, además, que la multinacional va a aceptar hacerse cargo de la indemnización correspondiente al expediente de regulación de empleo (ERE). Los administradores concursales de Alu Ibérica Avilés lo explican así: “Nuestra obligación es que seamos nosotros los que paguemos. Lo que hace Alcoa es concedernos un crédito inmediato por casi nueve millones de euros y se compromete a quedar al final cuando nos toque reintegrarlo”.
El acuerdo concierne a las dos plantillas (a la de Avilés y a la de La Coruña), incluidos las 91 personas que Alcoa planeaba no despedir si finalmente no se producía la venta de las fábricas. Estas 91 personas han planteado un conflicto colectivo recientemente porque se han quedado en tierra de nadie (la sentencia de la sala de lo social corresponde a los trabajadores recogidos en el acuerdo de enero de 2019 y estos 91 no lo estaban). Quedan excluidas seis personas que habían pedido la excedencia voluntaria y tres más que entraron en la fábrica cuando la empresa estaba ya en manos del investigado Domenech.
La multinacional aluminera hace público que dejará de “comprar materias primas” a Rusia
“Dejaremos de comprar materias primas o vender nuestros productos a empresas rusas”. Roy Harvey, el presidente de la multinacional Alcoa, desveló, con estas palabras, su papel activo en el conflicto de Ucrania y es que la aluminera que dirige se suma a las sanciones económicas lanzadas por la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos contra la Federación Rusa que, el pasado 24 de febrero, invadió la República de Ucrania. “Nuestros corazones se rompen por todos los ucranianos que sufren este conflicto que no han provocado. Esperamos una solución diplomática y un rápido fin de las hostilidades”, señala en la carta publicada en la página web de la compañía norteamericana. “La decisión de hoy no se basa simplemente en el negocio. Con más de 12.000 empleados en seis continentes, muchos de nosotros tenemos conexiones con quienes sufren este conflicto. Como empresa basada en valores, sabemos que se necesita apoyo humanitario”, añadió el primer ejecutivo de la aluminera. Harvey desvela en la misma carta abierta que “la Fundación Alcoa está trabajando para apoyar los esfuerzos de socorro en Europa”. El presidente de la compañía insiste: “Sabemos que este momento de la historia se suma al peso que ya todos hemos estado sintiendo con la incertidumbre de los acontecimientos globales. Durante estos tiempos, les pido que continúen apoyándose unos a otros”. La carta la cierra con un deseo: “Manténgase a salvo y gracias por su continuo compromiso mutuo”.
