El hombre acusado de maltratar a más de 20 perros en una finca de Pulide (Castrillón), A. I. G. M., defendió su inocencia en sede judicial. “Soy un profesional de los perros, no era un lugar sucio, les cambiaba el agua y estaban atendidos con comida y con todo”, señaló a preguntas de Fiscalía y su defensa. Esa versión chocaba frontalmente con la del denunciante, un vecino, que aseguró tener “una relación cordial” con el acusado y afirmó que a los canes, muchos de caza, “se les notaban los huesos de la cadera y las costillas” y el agua para beber “estaba sucia, verde, de estar días en el mismo recipiente”. Previamente a esta denuncia había advertido de la situación de los canes en otras ocasiones. La acusación particular, una protectora, pide 33 meses de prisión por maltrato animal entre otros delitos y la Fiscalía, diez. La defensa pidió su libre absolución.
Un agente del Seprona corroboró que el agua “tenía algas en descomposición” tras haberlo visto con sus propios ojos. También observó que en el entorno donde vivían los perros “había excrementos y orines”. “Las condiciones del terreno impiden baldear, el entorno está degradado”. Un veterinario, E. I., negó la presencia de “verdín” en el agua, defendió que las carnes que comían los animales estaban en estado “óptimo” y negó que los perros estuvieran en “mal estado”. El otro miembro de la Guardia Civil detalló, contra lo que afirmó el primero, que no vio la presencia de pulgas en los animales –el primer agente aseguró que le picaron–. También denunció el estado en el que se encontraba el terreno y que los perros ni estaban famélicos ni desnutridos.
La sucesión de testigos continuó con la mujer del denunciante, que corroboró sus tesis. Un amigo del acusado fue el siguiente en declarar. Defendió el “perfecto estado” en el que se encontraban los animales. Lo dijo después de que el sábado anterior a la denuncia, que fue de lunes, estuviera junto al acusado. Todo después de que fuera localizado muerto un sabueso “con restos de sangre en la zona orbital y con un orificio en la cara interna de la extremidad delantera izquierda” que, a juicio de otra veterinaria que elaboró un informe pericial basándose en vídeos y material aportado por el Seprona, determinó que el animal llevaba “dos o tres días fallecido”. Esa veterinaria confirmó que los animales “no estaban bien” y el entorno, tampoco era el adecuado. Ese informe fue firmado un año después de la denuncia.
La última declaración en sede judicial corrió a cargo de otro veterinario, que solía atender a los canes de A. I. G. M. Afirmó que los perros de caza no ingieren como un can de compañía, que los chips de los animales “estaban todos en regla” y que la herida de otra perra, hallada tras la visita del Seprona, “tenía atención localizada”.
Así las cosas, el juez tendrá que dirimir, de acuerdo a las pruebas periciales y testificales, el cruce de declaraciones en sede judicial.
