El juez instructor abre la puerta a que un jurado popular juzgue por tráfico de influencias al exdirigente socialista Álvaro Álvarez, sospechoso de intentar mediar en el primer proceso de licitación de la demolición de las baterías de coque de Avilés. Como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, el juez instructor ve indicios de delito por parte del exviceconsejero de Administración Pública, denunciado a finales de enero de 2021 por tratar de influir a cambio del cobro de una comisión, supuestamente, en el contrato de demolición de la coquería.
El titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Avilés, José Antonio Moreno Gomis, notificó ayer a las partes implicadas un auto en el que comunica que los hechos investigados “podrían constituir, por ahora y sin perjuicio de posterior calificación, un delito de tráfico de influencias imputable a Álvaro Álvarez García”.
Dado que este delito no es competencia de un tribunal ordinario, sino de uno popular, el magistrado acuerda transformar las diligencias previas en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado y convoca al ministerio fiscal, al investigado y a las demás partes personadas a una comparecencia para el traslado de la imputación que tendrá lugar el próximo 9 de mayo. Será entonces cuando trascenderá si se imputa finalmente al investigado o si se piden o acuerdan más diligencias de investigación. Una vez superados todos esos pasos, será cuando el juez decida si Álvarez va finalmente a juicio o si se acuerda el sobreseimiento.
La Fiscalía asturiana había formulado denuncia hace un año contra el exlíder de los socialistas avilesinos por un presunto delito de tráfico de influencias al considerar que existían indicios suficientes de que Álvarez se había ofrecido a influir a cambio de una contraprestación económica en la adjudicación del contrato de demolición de la coquería, que salió a licitación en 15,6 millones. El Ministerio Público había recibido previamente una denuncia por parte de la mesa de contratación constituida para licitar el contrato.
Hace ya meses que el magistrado José Antonio Moreno Gomis, encargado de la instrucción, tomó declaración en calidad de investigado a Álvaro Álvarez. Fuentes próximas al caso sostienen que el exdirigente socialista, jubilado desde hace casi dos años, mantuvo ante el juez la misma versión que ofreció una vez que trascendió la denuncia. Negó haber intermediado ni influido para favorecer en el concurso de las obras en los terrenos de las antiguas Baterías.
Los hechos objeto de investigación se remontan al 31 de diciembre de 2020. Ese día se produjo un encuentro en Avilés entre el representante de una de las empresas que optaban al contrato en liza (de la UTE Lezama-Los Álamos) y el exlíder socialista y en el que supuestamente Álvarez se ofreció a mediar en el concurso a cambio de una comisión. Según la denuncia de la Fiscalía, Álvaro Álvarez trasladó en ese encuentro que podría interesarse ante el Ayuntamiento en relación a la adjudicación del contrato a cambio del 1,5% de la licitación, una cifra negociable pero que corría prisa cerrar dado que “los plazos” para la licitación estaban ya “muy ajustados”.
El investigado mantiene que se produjo “un encuentro informal con representantes de Lezama Demoliciones y una empresa local del sector” pero que en ningún caso interfirió en el proceso. “Ni los hechos que se me atribuyen por parte de estas empresas se produjeron, ni yo me ofrecí para llevarlos a cabo. Y mucho menos, a cambio de ningún tipo de contraprestación”, viene manteniendo Álvaro Álvarez.
El titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Avilés también tomó declaración a varios testigos. Entre ellos, explicaron en su día las mismas fuentes, se encuentran representantes de las empresas implicadas (de la UTE Lezama-Los Álamos y de la firma de la comarca que también participó en esa reunión del 31 de diciembre de 2020 celebrada en La Cantina de Avilés) así como de Sepides (sociedad propietaria del Parque Empresarial Principado de Asturias).
El delito de tráfico de influencias, penado con entre seis meses y dos años de prisión en el Código Penal, consiste en influir en un funcionario o autoridad pública a través de una situación de prevalimiento para conseguir un beneficio económico. Se encuentra regulado dentro de los delitos contra la Administración Pública.
