Dos mujeres de nacionalidad italiana llevan desde agosto de 2021 en régimen de prisión provisional por ser las presuntas autoras del robo de 20.500 euros en un piso de la calle Doctor Graíño de Avilés, al que habrían entrado forzando la puerta. Víctimas del retraso de la Justicia, ayer por fin se celebró la vista oral de su caso, para lo que hubieron de ser trasladadas hasta Avilés con custodia policial desde el centro penitenciario de Alicante donde están privadas de libertad. Además, para garantizar su derecho a la defensa, en la sala de vistas estuvo presente una traductora que les hizo comprender en su idioma nativo todo lo que allí se dijo.
Las acusadas, que se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía, negaron su participación en el robo y no se reconocieron como las personas que salen en un vídeo grabado en el interior de la vivienda por una cámara de seguridad. Hasta ahí llegó su aportación a la clarificación del delito por el que fueron investigadas.
El fiscal disponía de pruebas incriminatorias y trató de refrendarlas en la sala, pero no todas con éxito. Por ejemplo, trató de hacer ver que los destornilladores encontrados en el coche donde una patrulla de la Guardia Civil identificó a las acusadas en un control rutinario en Luarca bien podrían haber sido usados para forzar la puerta de entrada al piso. Pero el dueño de la vivienda especificó que, en realidad, la puerta no había sido cerrada con llave (solo había quedado asegurada con el resbalón de la cerradura) y que no presentaba daños...
Hizo ver el fiscal la importancia de una peluca hallada supuestamente en el registro del coche, pues en el vídeo de seguridad una de las ladronas lleva puesto ese apósito capilar. Pero el agente policial que registró el coche no recordó que hubiese peluca alguna en el mismo.
Y en cuanto al vídeo que grabó el robo, la defensa argumentó con apoyo en el testimonio de un perito criminólogo que su calidad era “baja”, por lo que las imágenes pixelan al ser ampliadas e “impiden una identificación fehaciente de las ladronas”. Por esa inconsistencia de las pruebas, el abogado defensor de las mujeres invocó la presunción de inocencia y pidió la absolución de sus clientes. El fiscal admitió que las pruebas no eran concluyentes, pero aun así mantuvo la petición de 4 y 5 años de cárcel para las acusadas a la vista de la “acumulación de indicios en su contra”.
