A principios de 2021 las entidades bancarias han incrementado las comisiones que repercuten en los clientes por varios conceptos y sucede que la única forma de librarse de las mismas –al menos parcialmente– consiste en tener contratados servicios como seguros de vida, nómina domiciliada, planes de pensiones, etc... y además en cuantías que no son las más frecuentes entre la media de la ciudadanía.
Es evidente que dichas eximentes no están al alcance de toda la clientela ni mucho menos de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social como son las personas que perciben pensiones no contributivas u otras rentas básicas, pensiones de orfandad, viudedad, subsidios por desempleo por paro de larga duración, etcétera...
Sin embargo, cada día nos damos de bruces con una situación paradójica por no decir perversa: las Administraciones Públicas imponen como requisito a quienes solicitan prestaciones y ayudas que dispongan de un número de cuenta bancaria y por ende que sean clientes de entidades bancarias, lo cual acarrea este tipo de comisiones, gastos de mantenimiento y similares gravámenes.
Por eso este artículo tiene como finalidad reivindicar aquella propuesta tradicional de la izquierda –hoy gobernando en nuestro país– que consiste en la puesta en funcionamiento de una “Banca Pública” y que por mi parte, para no pecar de excesivamente utópico ni ser tildado de iluso, planteo que sea (al menos en una fase inicial) un organismo estatal destinado a atender las domiciliaciones de pagos que proceden de las distintas administraciones:
Por ejemplo, ayudas de emergencia social desde los Servicios Sociales municipales.
También el Salario Social Básico y rentas similares que abonan las Comunidades Autónomas.
Y por descontado todas aquellas prestaciones y subsidios a cargo de la Administración General del Estado como son las procedentes de la Seguridad Social (PNC, IMV, Prestaciones por hijo a cargo y por Familia Numerosa...) y las que gestiona el SEPE (la RAI, Subsidio para Mayores de 52 años, Subsidio para Emigrante Retornado, Subsidio por Excarcelación...) así como incluso los ingresos desde la Agencia Tributaria (Liquidaciones por IRPF, etc...).
A esto se suman obviamente las líneas de créditos ICO y determinados apoyos a I+D+i.
Lo que se pretende con esta propuesta es sencillamente que esas rentas básicas, que esas operaciones con dinero público que tienen por destinataria a población en situación de vulnerabilidad social, no tuvieran que estar condicionadas para su solicitud y concesión a que la persona posea una cuenta bancaria sino que dicha persona podría disponer de un número de cuenta en la Banca Pública, la cual sin ser un negocio ni buscar rentabilidad sino con vocación de servicio a la ciudadanía, actuaría como canal de pagos y cobros de la Administración (sanciones, multas, indemnizaciones, tasas y licencias) “sacando del mercado” las operaciones que no tienen nada que ver con el mismo y que suponen una carga lesiva para la economía doméstica de muchas personas.
